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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 16:59
Manuel Contreras y otros ochos ex agentes de la DINA recibieron las penas definitivas por asociación ilícita y su participación en el doble crimen en el caso Prats.
EFESANTIAGO.- A casi 36 años del crimen del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, la Sala Penal de la Corte Suprema decidió rebajar la mayoría de las condenas dictadas por el ministro en visita Alejandro Solís contra la cúpula de la DINA.
Así, en fallo dividido los ministros Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva determinaron modificar las condenas que habían sido confirmadas por la Corte de Apelaciones.
En el caso del delito de doble homicidio calificado, el máximo tribunal cambió la sentencia de doble presidio perpetuo que había sido dictada contra el ex jefe de la DINA, general (r) Manuel Contreras, y la reemplazó por una pena de 17 años de cárcel, sin medidas alternativas.
La misma pena fue dictada para el ex brigadier Pedro Espinoza, condenado en primera instancia a 20 años de prisión.
En tanto, bajo el cargo de asociación ilícita las principales líderes de la DINA fueron sentenciados a tres años y un día de cárcel.
El general (r) Raúl Iturriaga Neumann, el coronel (r) Cristoph Willike, el brigadier (r) José Octavio Zara y el coronel (r) Juan Morales Salgado fueron condenados a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, también sin beneficios. Por el delito de asociación ilícita en tanto, recibieron penas de 100 días tras las rejas.
Mientras que en calidad de cómplices, fueron condenados Mariana Callejas y Jorge Iturriaga Neumann, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, con beneficios.
Por último, el suboficial (r) Reginaldo Valdés Alarcón recibió dos penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, con beneficio de la libertad vigilada.
La investigación por este caso se inició a partir del 2 de diciembre 2002 cuando la misma Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por otros magistrados, determinó abrir proceso en Chile contra 5 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional, cuya extradición había sido solicitada por la jueza argentina María Servini de Cubría.
La Sala Penal denegó la entrega, argumentando que algunos de los requeridos por Argentina tenían procesos abiertos en Chile, y designó el 6 de enero de 2003 al ministro Alejandro Solís Muñoz para instruir el proceso en Chile.
