SANTIAGO.- Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció movilizaciones para presionar por la pronta aprobación de una ley que establece medidas contra la discriminación y que está en trámite desde el año 2005.
La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero permanece ahora estancada en una comisión del Senado.
"La ley contra la discriminación viene siendo desde hace años una promesa electoral de casi todos los sectores políticos, pero nada se ha cumplido", dijo Jiménez.
Para el titular del Movilh, "aquí ha existido desidia de la clase política para avanzar en esta norma, así como también, y lo decimos con todas sus letras, oportunismos respecto a los derechos humanos de la diversidad sexual".
Por ello, el dirigente advirtió que en caso de no existir una pronta aprobación, el movimiento homosexual cambiará de estrategia, para dar paso a denuncias contra quienes se comprometieron públicamente con dicha ley.
Respaldo en diversos sectores
El presidente del partido Socialista, Fulvio Rossi, aseguró que la ley significará "un paso importante en materia de democracia y de derechos humanos".
"Estamos quedando muy mal en Latinoamérica. Hay países que avanzan en sus legislaciones estableciendo más derechos y libertades, pero en Chile nos estamos quedando atrasados. Somos una sociedad intolerante y que discrimina y que no tiene una legislación para hacer frente a esta realidad", aseguró.
Por su parte, el presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y el coordinador de Derechos Civiles de la tienda, Felipe Vera, valoraron la aprobación de la ley de matrimonio homosexual en Argentina y argumentaron que Chile aún tiene desafíos en materia de derechos ciudadanos, haciendo hincapié en la falta de legislación para penalizar la discriminación.
Al respecto, Vera aseguró que en el país "aún es posible discriminar sin tener consecuencias penales, puesto que para nuestra legislación ésta no es delito".
"Esta carencia del código penal hace que cualquier avance en derechos civiles no tenga la infraestructura jurídica necesaria para que los cambios ocurran", concluyó.
