SANTIAGO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expresó hoy su esperanza de una "pronta solución" al conflicto mapuche, para lo que ofreció su asesoría, tras señalar que en la región existe "una significativa brecha" en la implementación de los derechos indígenas.
"Expresamos nuestra esperanza de que las partes encuentren una pronta solución que evite la pérdida de vidas humanas", indicó la Cepal en un comunicado, en referencia a los 35 mapuches en ayuno, la mayoría en prisión en cárceles del sur de Chile, que pidieron ayer dialogar con los tres poderes estatales para resolver sus demandas.
El diálogo tendente a resolver el ayuno fracasó el lunes, cuando los presos pidieron la incorporación de todos los poderes del Estado a las conversaciones, mientras un grupo de indígenas permanece, precisamente, en la sede de la Cepal, en Santiago, desde el pasado 23 de septiembre, en solidaridad con los presos.
La petición de los mapuches en ayuno tiene lugar después de que el Gobierno se comprometiera a no aplicar la ley antiterrorista en las causas contra los indígenas, pero señalara que no puede hacer lo mismo en nombre de los Poderes Legislativo y Judicial.
En ese sentido, la Cepal ofreció hoy a las partes su capacidad técnica "para elaborar estudios o informes que desde el punto de vista económico, social, demográfico, ambiental o de género puedan ayudar a una mejor comprensión de la situación del pueblo mapuche".
El grupo de 35 mapuches, que se consideran presos políticos, mantiene una huelga de hambre, algunos desde el pasado 12 de julio, exigiendo que no se les aplique la ley antiterrorista, no ser sometidos a un doble juicio ante tribunales civiles y militares y que no se utilicen testigos sin rostro en sus procesos.
Los mapuches pidieron un pronunciamiento sobre el conflicto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien respondió que no opinaría del asunto bajo la presión de la ocupación de las dependencias de un organismo de Naciones Unidas.
La Cepal añadió en su comunicado que, "pese a los avances jurídicos y legislativos en materia de derechos de pueblos indígenas que se han dado en las últimas décadas en América Latina, aún se observa una significativa brecha en la implementación de estos derechos".
Recordó que Chile es parte del Convenio 169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes y que dicho texto consagra la obligación para los Gobiernos de "consultar a los pueblos interesados" en una serie de materias cuando les atañen.
"Es parte de un reconocimiento universal el hecho que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses", señaló el texto.
Añadió que la realidad de los pueblos indígenas en Latinoamérica no está exenta de pobreza y exclusión, resultado de un proceso histórico de discriminación estructural, que en la actualidad se interpreta como una falta de reconocimiento, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
En esta línea, precisa, es importante tomar en consideración los informes, recomendaciones y declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya.
De estos instrumentos internacionales, explica, emana un conjunto amplio de derechos a favor de los pueblos indígenas y la correlativa obligación de promoverlos y respetarlos por parte de los Estados signatarios.
