Fiscal Nacional pide luz verde para operaciones encubiertas contra delitos de corrupción

SANTIAGO.- La posibilidad de utilizar medidas especiales como la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas en la investigación de delitos de corrupción solicitó hoy el Fiscal Nacional Sabas Chahuán en su cuenta pública anual.

"Útil sería establecer estas técnicas especiales en la investigación de los delitos que afectan la probidad pública", indicó, al plantear la necesidad de revisar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Además, instó a legislar respecto a una modificación que "permita la destinación expedita de parte de los dineros y bienes incautados en casos de droga al trabajo de persecución penal de estos delitos que desarrollan las fiscalías, carabineros, la PDI y otras instituciones".

Respecto al problema de la sobrepoblación carcelaria, Chahuán estimó imprescindible adoptar medidas de fondo que permitan revisar en profundidad el sistema de penas del Código Penal.

"Este sistema de penas debe ser modernizado y contemplar la privación total de libertad como último recurso y no como regla de general aplicación", señaló, añadiendo que debe existir una discriminación positiva que permita distinguir entre los llamados imputados primerizos y los delincuentes habituales, "de modo de enfocar la actividad de rehabilitación en los primeros y la acción represiva del Estado sólo en estos últimos".

Fiscalía de Alta Complejidad y renuncia de Alejandro Peña

Entre otros aspectos, el Fiscal Nacional llamó al Gobierno a enviar "a la brevedad" al Congreso los proyectos de fortalecimiento del Ministerio Público, el que amplía la planta funcionaria, y el que crea la nueva Fiscalía de Alta Complejidad.

La propuesta, planteada por Chahuán, en su cuenta pública del año pasado y potenciada por el Presidente Sebastián Piñera en el lanzamiento de la agenda antidelincuencia, busca crear una unidad independiente que se ocupe de las grandes investigaciones de corrupción pública, lavado de activos y crimen organizado.

El costo anual de la unidad, proyectada con 25 fiscales y 18 analistas financieros, más un equipo administrativo, sería de $2.600 millones. Uno de los persecutores tendría el estatuto de fiscal regional y sería elegido por el consejo de fiscales regionales.

También abordó implícitamente la molestia que produjo en su institución el retiro anticipado del fiscal regional sur, Alejandro Peña, quien se fue a trabajar al gobierno. "Me permito apoyar el estudio de una iniciativa legal que permita regular la transición de los fiscales regionales, fiscales adjuntos y funcionarios directivos al mundo al mundo privado o público. No es conveniente, por ejemplo, que uno de estos ex funcionarios pueda integrarse a una oficina pública o privada con la que antes interactuó".

En cuanto a su gestión, Chahuán informó que desde el inicio de la Reforma Procesal Penal a diciembre de 2010, el Ministerio Público ha tomado conocimiento de 7.433.932 denuncias. De ellas, el 97% (7.191.718) fueron tramitadas y se encuentran terminadas.

Asimismo, dio cuenta que una vez que el nuevo proceso penal se implementó en todo el país, los términos judiciales se han incrementado en un 72%, es decir en 2010 se aplicaron 275.626 más que en 2006.