Iglesia reduce exigencias para denunciar abusos y amplía plazos de prescripción

SANTIAGO.- De ahora en adelante la Iglesia Católica chilena investigará todas las informaciones relativas a abusos sexuales que pudiesen haber cometido algunos de sus clérigos y no sólo aquellas denuncias formales firmadas por escrito, como ocurría hasta hoy, anunció esta mañana la Conferencia Episcopal.

Lo anterior quedó establecido en el nuevo Protocolo para denuncias y prevención de abusos, -creado tras el impacto por el caso Karadima y las denuncias contra la ex superiora de las Ursulinas- que reduce en forma importante las formalidades que actualmente se exigían para iniciar una investigación y que muchas veces redundaban en el atraso de una causa.

Asimismo, según explicó el portavoz del organismo, Jaime Coiro, el documento establece que para realizar la indagación previa podría ser designada una persona distinta del Promotor de Justicia, como un laico o laica con la debida preparación.

El Protocolo destaca, por primera vez, la necesidad de investigar aunque haya prescrito el delito y fija la posibilidad de ampliar el plazo de prescripción así como de derogarlo.

Respecto a los tiempos de investigación, aunque en un primer momento se hablaba de 30 días, hoy se indicó que éstos serán determinados por los antecedentes y complejidad de cada denuncia.

El texto también propone un abanico de medidas que se pueden adoptar frente a denuncias, y especifica el procedimiento para el envío de la información a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede.

Según se especificó, estas medidas sólo son aplicables a los clérigos y no a las religiosas.

Nuevo organismo encargado de políticas de prevención

Se confirmó además, tal como adelantó Emol, que el organismo que estará a cargo de las políticas de prevención de abusos sexuales y acompañamiento de víctimas será encabezado por un obispo y estará integrado por otras seis personas.

Dicho obispo es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, quien estará acompañado del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; la experta en derecho canónico, Ana María Celis; la abogada María Elena Pimstein, la directora de la Comisión Nacional para la Infancia Vulnerada, Pilar Ramírez; el rector del Seminario Pontificio Mayor de Santiago, Fernando Ramos; y el vicario para la Educación de Santiago, Juan Francisco Pinilla.

Esta instancia dependerá directamente del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, y tendrá como tarea proponer, orientar, supervisar y evaluar sus políticas de prevención de abusos sexuales y de ayuda a las víctimas, las que serán implementadas en cada diócesis.

Durante el anuncio, el obispo auxiliar de Valparaíso y Secretario General de la Conferencia Episcopal, monseñor Santiago Silva, señaló enfático que "no hay lugar en el sacerdocio para quienes abusan de menores, y no hay pretexto alguno que pueda justificar este delito".

Tras ello, sostuvo que "es total nuestro compromiso de velar incesantemente porque estos gravísimos delitos no se repitan".