Contraloría establece que el Minvu sólo le adeuda $131 millones a la empresa Kodama

SANTIAGO.- La Contraloría entregó este viernes el esperado informe sobre el denominado caso Kodama, en el cual se establece que el Ministerio de Vivienda le adeuda poco más de $131 millones a la constructora, cifra que dista bastante de los $17 mil millones que el Serviu se había comprometido a pagar por concepto de gastos extras en que la empresa incurrió durante la construcción de un corredor del Transantiago.

El documento señala que el informe de montos elaborado con posterioridad al contrato de transacción, no se ajustó a la normativa aplicable en la determinación del valor indemnizatorio, "resultando justificados administrativamente, de acuerdo a los antecedentes de la normativa la suma de $131.351.373", sin perjuicio de las multas que están pendientes a definir en el contrato.

Dicho análisis se contradice con el elaborado por el Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales ( Idiem ) de la Universidad de Chile, a solicitud de la Subsecretaría de Vivienda, que estableció un pago máximo de $2.132 millones de indemnización por el corredor Pedro Aguirre Cerda y con el que solicitó Kodama a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica ( Dictuc ), entidad que estimó el pago de $17 mil millones.

El informe del ente fiscalizador también analizó el actuar administrativo de las autoridades del Ministerio de Vivienda, que visaron el acuerdo extrajudicial, señalando que "se ha constatado que el Minvu no ejerció a cabalidad y conforme al ordenamiento el deber de control que como una expresión de supervigilancia, le corresponde respecto del Serviu RM".

Tras la investigación de Contraloría, se concluye que "ciertos servidores del SERVIU RM y del Ministerio de Vivienda exteriorizaron directamente su voluntad en orden a definir el monto del pago de eventuales compensaciones que se deberían a una empresa (Kodama) a través de una modalidad que no se encontrara sujeta al control de juridicidad de esta Contraloría General, excluyendo además la aplicación de la regulación propia de estos contratos de obras".

La indagatoria del ente dirigido por Ramiro Mendoza expresa que los funcionarios que participaron de la negociación del acuerdo extrajudicial buscaron evitar el control de legalidad del acuerdo al no someterse al trámite de "toma de razón" que habría sido necesario en un acto aprobatorio de acuerdos de voluntades.

La Contraloría coincide con lo que varios ex funcionarios de la cartera han declarado en el plano judicial respecto a que "se materializaron conductas destinadas a obtener rápidamente una autorización del Minvu para celebrar el contrato que permitiera pagar a la empresa Kodama la suma de 774 mil 765 UF (casi $17 mil millones)".

Esto último, dice la institución, "sin que existiesen antecedentes técnicos y jurídicos suficientes que respaldasen tal determinación, los que fueron elaborados con posterioridad a la celebración del aludido contrato, sin aplicación de la totalidad de los parámetros previstos en el ordenamiento y con exclusión de los procedimientos normales de control interno".

La Contraloría aconseja a este ministerio en adelante "velar por la efectiva operatividad de los sistemas de controles internos" y enfatiza en que aquellas personas que "detenten la calidad de agente público realicen las labores previsas en las glosas correspondientes a la Ley de Presupuesto".

Los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Centro Norte, ya que a juicio del organismo de fiscalización "las actuaciones de ciertos servidores, funcionarios y agentes públicos, podrían constituir una transgresión a sus deberes y a las normas sobre probidad administrativa".