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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 17:02
SANTIAGO.- El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, para pedir a la justicia que impida la realización de marchas y manifestaciones populares en el casco histórico del centro de la capital.
El jefe comunal aseguró que es necesario que los tribunales intervengan para evitar que nuevos hechos de violencia puedan perpetrarse, tal como los que ocurrieron en la jornada del pasado martes.
En ese marco, Zalaquett se refirió a la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía Patricio Álvarez, de dejar en libertad al menor de 16 años J.A.S.C, imputado por participar de la quema de un vehículo en calle Nataniel Cox.
"No logro entender a los jueces en Chile. O realmente ese juez está en la luna", dijo.
Tras esto el jefe comunal dijo que no quiere calificar al magistrado "pero lo que ha hecho es un acto lo más cercano a lo inhumano, porque hubo miles de familias que se vieron afectadas y peligraron su vida y ese joven registró el acto final de la violencia extrema y se le deja libre como si nada".
Acto seguido aseguró que "lo que ha logrado este juez es que perdamos la confianza en la justicia. Le ha hecho un daño a la justicia y al sistema de protección que no tiene cuantía, no ha medido el daño que ha cometido. Lo emplazo públicamente a que revise lo que ha hecho, porque el daño que ha hecho es al país entero".
El representante comunal adelantó además que presentará querellas en contra del joven y quienes resulten responsables por su participación en los hechos.
Los vecinos afectados residen y tienen sus locales comerciales en algunos de los barrios y calles más emblemáticas de Santiago, tales como Eleuterio Ramírez, Nataniel Cox, Paseo Bulnes, Alonso Ovalle, Tarapacá y Cóndor.
Adicionalmente, y de forma paralela al libelo, el equipo jurídico de la municipalidad de Santiago interpuso una querella por el delito de daño calificado contra todas las personas que resulten responsables de los daños cometidos contra el mobiliario urbano de uso público que resultó deteriorado en la marcha del día martes, cuyo costo asciende a más de $88 millones.
