BOGOTA.- Colombia ha adoptado un estatuto contra la explotación sexual de niños que, por primera vez, incluye multas y otras sanciones a los responsables de pornografía con menores de edad a través de Internet, informaron hoy fuentes gubernamentales.
Las nuevas normas establecen una multa de 28 millones de pesos (unos 12.196 dólares) contra aquellas personas que utilicen la red mundial de la información para "alojar imágenes, vídeos, textos y documentos" cuyo contenido sea pornografía infantil.
La normativa también contempla que las páginas electrónicas que sean usadas con ese fin puedan ser canceladas.
Las primeras sanciones contra el uso indebido de la Internet en Colombia están contenidas en una ley que ha sido firmada por el presidente Andrés Pastrana, según un despacho de la Agencia de Noticias Colombiana (ANCOL, estatal).
La disposición recoge el llamado Estatuto para Prevenir y Contrarrestar la Explotación, la Pornografía y el Turismo Sexual con Menores, precisó el órgano informativo gubernamental.
La ley establece la creación de un comité de expertos, incluido un representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como invitado, para que elabore un "catálogo sobre actos abusivos en el Internet" relacionados con la niñez y la forma de combatirlos.
Esta comisión será liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y será conformada con delegados de esa entidad oficial y de la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) y la Fiscalía General, agregó ANCOL.
La agencia estatal destacó que la ley advierte de que los proveedores y usuarios de Internet deben "denunciar actos criminales que se realicen a través de la red y en los que estén involucrados menores de edad".
El nuevo estatuto también establece que Colombia no otorgará visado de ingreso a extranjeros que hayan sido investigados o condenados por delitos relacionados con el abuso sexual de niños y niñas, y que expulsará a aquellos que sean sorprendidos en estas actividades criminales.
Además, impone un tributo del cinco por ciento al alquiler de películas pornográficas en tiendas de vídeo y una contribución de "un dólar de Estados Unidos" para todo extranjero que salga del país, dinero que será utilizado para financiar programas de prevención y de lucha contra la explotación sexual de menores.
Los hoteles, agencias de viajes y aerolíneas que promuevan planes turísticos con niños también serán sancionados, según este estatuto, que además prohíbe la importación de materiales pornográficos de esta naturaleza.
