SANTIAGO.- El abogado Jorge Ovalle, defensor del general (r) Sergio Arellano Stark, dijo hoy que su patrocinado está exento de responsabilidad penal de los crímenes perpetrados por la "Caravana de la Muerte", ya que fueron los jefes de las unidades militares donde se produjeron estos excesos, los que "debieron disponer las investigaciones" para esclarecerlos.
Ovalle enfatizó que Arellano "no tuvo nada que ver con los asesinatos" de la misión denominada "Caravana de la Muerte", ejecutada en septiembre y octubre de 1973, y por la que se le imputan al senador desaforado Augusto Pinochet 57 homicidios y 18 secuestros.
El jurista agregó que "lo único que quiere (Arellano) es que se aclaren hasta lo último estos hechos, porque él tiene derecho a gozar del prestigio que siempre tuvo", agregando que analizará "con integridad las declaraciones del general Pinochet", realizadas este martes al ministro de fuero Juan Guzmán.
Similar opinión a la de Ovalle manifestó hoy al diario La Segunda el abogado Sergio Arellano Iturriaga, hijo de Arellano Stark, quien dijo que las aseveraciones prestadas por Pinochet coinciden plenamente con la tesis sostenida por la defensa de su padre, en el sentido que la responsabilidad de los hechos recaía sobre el jefe de la unidad militar respectiva.
Para el jurista, es el general (r) Joaquín Lagos, entonces jefe de la Primera División de Ejército, con sede en Antofagasta, quien debía haber ordenado investigar los excesos cometidos en ese período.
Agregó que "fue la propia actuación de Lagos la que impidió que se hiciera la investigación correspondiente y se aplicaran las sanciones en forma oportuna".
Ello, a su juicio, porque el jefe de la unidad militar del norte fue formalmente requerido por Arellano para que iniciara una indagación sumaria en contra del oficial Sergio Arredondo por las ejecuciones, pero que Lagos se habría negado a ello.
Concluyó que "el general Arellano no recibió ninguna orden de Pinochet.
Por su parte, la abogada Carmen Hertz dijo que "es una aberración jurídica" culpar al general (r) Joaquín Lagos diciendo que éste era el que tenía que investigar los presuntos delitos que le imputan a la comitiva del general (r) Sergio Arellano Stark.
Argumentó que Pinochet fue poco claro en sus respuestas y que entró en contradicciones durante la declaración indagatoria.
La jurista invocó el artículo 74 del código de Justicia Militar, que señala que al comandante en jefe del Ejército le corresponde el ejercicio pleno de la jurisdicción militar y que esa misma norma ordena que en caso de delitos, ésa misma autoridad debe ordenarle al fiscal militar enjuiciar a los individuos responsables.
Lagos, agregó, "no tiene ninguna responsabilidad, ya que le informó a la máxima autoridad del país en su calidad de comandante en jefe del Ejército y presidente de la junta de gobierno las masacres ocurridas".
Carmen Hertz concluyó argumentando que la Caravana de la Muerte la encabezaba no un delegado del general Lagos, sino el oficial comisionado del comandante en jefe del Ejército.
