SANTIAGO.- Con el alegato del abogado defensor de Augusto Pinochet, Pablo Rodríguez, finalizaron por hoy los alegatos en la primera sala de verano de la corte de Apelaciones de Santiago.
El jurista basó su argumentación para lograr revocar el auto de procesamiento dictado por el juez Juan Guzmán en contra del militar en retiro por el caso Caravana de la Muerte, en que el auto de procesamiento es incompatible con dos garantías constitucionales: el derecho a la vida, integridad física y síquica de una persona y el debido proceso.
Rodríguez en su alegato aseguró que Pinochet no estuvo al tanto de las acciones realizadas por la comitiva militar del general Sergio Arellano Stark, por algunas ciudades del país, y trató de convencer a los magistrados de que no hay presunciones fundadas de participación de Pinochet en los hechos que se le imputan.
Además el abogado invocó razones médicas que impedirían al general en retiro defenderse y tener un debido proceso. Incluso, dijo, que el propio perito adjunto de los querellantes que participó en los exámenes médicos realizados a Pinochet, doctor Sergio Ferrer, advirtió que la salud de Pinochet podría empeorar. Y agregó que 36 horas después el retirado general tuvo un problema vascular y debió ser internado.
Rodríguez afirmó que en la declaración indagatoria realizada al senador el 23 de enero por Guzmán, se formularon 6 preguntas, las que sólo contestó en 24 líneas.
El profesional sostuvo que en sus respuestas Pinochet muchas veces no se refiere a lo que le están preguntando, lo que demostraría que el senador vitalicio no entendió lo que se le preguntó debido a sus afecciones de salud.
Rodríguez insistió en que la delegación del general Arellano tenía por objetivo acelerar los procesos y unificar políticas administrativas.
Agregó que Pinochet sólo conoció los hechos el 19 de octubre de 1973 cuando se entrevistó con el general Joaquín Lagos, en el norte del país.
Luego de ello el ex comandante en jefe del Ejército llamó a Arellano, quien conversó con él y le dijo, como ha declarado hasta hoy día, que no realizó ninguna de las atrocidades que se le imputan.
Rodríguez señaló también que los querellantes basan su petición de procesamiento en tres hechos que, según el penalista, no tienen validez.
El primero de ellos es la delegación que Pinochet le entregó al general Arellano y que, recalcó Rodríguez, sólo tenía por objeto el acelerar los procesos de los detenidos y en ningún caso realizar ejecuciones.
El segundo hecho que relató el abogado de Pinochet se refiere a que los querellantes reclaman que la caravana debía estar integrada también por un abogado, situación que el jurista descartó por completo basándose nuevamente en que la comitiva sólo tenía por objeto acelerar procesos y dictar políticas administrativas.
Finalmente el abogado defensor argumentó que el procesado Pinochet no determinó la composición de la comitiva que dirigía Arellano y que en ningún momento tuvo contacto con ellos.
Rodríguez reiteró que el auto de procesamiento dictado por el juez Guzmán se basa en dos antecedentes que no son suficientes: la delegación de poder al general Arellano y la indagatoria. Por lo que agregó no existen presunciones fundadas de la participación de Pinochet en los hechos que se le imputan.
El abogado defensor argumentó finalmente que a Pinochet no le correspondía ordenar las investigaciones, ya que eso pertenecía a la jurisdicción de los comandantes de cada una de las zonas militares y no a su defendido.
Los alegatos continuarán mañana con las intervenciones de los abogados querellantes Carmen Hertz, Alfonso Insunza, Eduardo Contreras, Hiram Villagra, Boris Paredes, Hugo Gutiérrez y Juan Bustos. Finalizará la abogada del Consejo de Defensa del Estado María Teresa Muñoz. Cada uno de ellos tendrá sólo 30 minutos para exponer sus argumentos ante la Primera Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago.
