SANTIAGO.- El gobierno chileno defendió el martes la credibilidad de los militares, puesta en entredicho por la identificación de dos desaparecidos cuyos cuerpos, según un informe oficial, habían sido arrojados al océano Pacífico.
Las fuerzas armadas entregaron en enero un documento en que por primera vez reconocían la existencia de más de mil detenidos desaparecidos durante la dictadura de su ex líder, Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Los datos indicaban el paradero de 200 personas, 150 de los cuales nunca fueron encontrados, pues habían sido lanzadas al mar, ríos o lagos de Chile.
Sin embargo, el hallazgo del cuerpo del ex dirigente izquierdista Juan Rivera y la identificación preliminar de Samuel Lazo han ido desacreditando el informe.
''El efecto importante de la mesa de diálogo fue entregar una información que, en definitiva, reconoce la existencia de detenidos desaparecidos, cosa que nunca antes se había hecho'', dijo a Reuters el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
El informe militar fue entregado como una contribución a la unidad nacional en el marco de la llamada ''Mesa de Diálogo'', una instancia creada por el gobierno donde fuerzas armadas y abogados de derechos humanos intentaron zanjar el destino de los desaparecidos, como una forma de avanzar en la reconciliación.
No obstante, la aparición de cuerpos en lugares distintos a los señalados ha sido considerado por los civiles que integraron esa mesa como ''una fractura en la credibilidad'' del informe.
''Si hay errores (...) son errores que le fueron entregados a ellos (los militares) por otra gente que fue la que informó'', dijo Gómez, bajo cuya jerarquía directa funciona la entidad estatal Servicio Médico Legal, encargada de identificar decenas de cadáveres enterrados en fosas ilegales y que se presume corresponden a desaparecidos.
El ex sindicalista Juan Rivera Matus, detenido en 1976, figuraba en el listado de las fuerzas armadas como arrojado frente a las costas del puerto de San Antonio, pero su cuerpo fue hallado a más de 120 kilómetros de allí, en un recinto militar al norte de Santiago.
El campesino Samuel Lazo, cuyo destino se desconocía desde 1973, también aparecía como lanzado al mar en el informe, pero forenses identificaron preliminarmente sus restos después de ser exhumados del mayor cementerio del país, a pasos del centro capitalino. Aunque aún falta un examen de ADN que lo confirme.
''Aquí ya hay un segundo caso, de confirmarse la identidad de Samuel Lazo, en que las fuerzas armadas han mentido. Se ha puesto en tela de juicio el informe'', dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.
Dejando a un lado las críticas, la autoridad resaltó que los antecedentes aportados por los militares no han sido del todo desalentadores. De hecho, han permitido descubrir el lugar, donde, en enero, se encontraron los restos de al menos dos desaparecidos.
