SANTIAGO.- Washington estaría "furioso" ante la petición de la justicia chilena de interrogar al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger sobre la muerte del periodista estadounidense Charles Hörman, ocurrida en 1973, según publica hoy el diario británico "The Daily Telegraph".
De acuerdo al artículo, la administración del Presidente George W. Bush habría condenado la decisión de la Corte Suprema de enviar un cuestionario a Kissinger, señalando que la medida acentúa las dudas respecto de la propuesta de un Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya.
"Es injusto y ridículo que un distinguido servidor de este país -Estados Unidos- sea acosado por una corte extranjera de esta manera", señaló una fuente de la administración Bush. "El peligro del TPI es que en un día cualquiera un ciudadano norteamericano pueda ser arrestado en el extranjero y ser procesado por motivaciones políticas", agrega la misma fuente al diario británico.
Kissinger, de 78 años de edad, fue secretario de Estado de EE.UU. entre 1973 y 1977. En la actualidad, el personero es asesor del Presidente George W. Bush y sigue activo en materias de política exterior de Estados Unidos.
En su dictamen, la Corte Suprema de Chile señaló que una serie de preguntas deben ser enviadas a la Suprema de Estados Unidos con respecto a los antecedentes que podría manejar el señor Kissinger sobre la muerte de Charles Hörman, un periodista que fue detenido durante el gobierno de Augusto Pinochet.
La petición chilena aparece dos meses después que detectives franceses enviaran una petición similar a Kissinger durante un viaje que realizó el personero norteamericano a París, solicitando su testimonio por la desaparición de ciudadanos galos en Chile. En esa oportunidad, el Departamento de Estado norteamericano reaccionó diciendo que lo que Francia solicitaba era información oficial de parte del gobierno, y que por ello la petición debía ser canalizada por vías oficiales.
En otro caso, un juez argentino ha ordenado al señor Kissinger testificar en un juicio de derechos humanos sobre un plan de los gobiernos sudamericanos, en los años '70, de secuestrar y asesinar a activistas de izquierda.
La oficina del ex secretario de Estado Henry Kissinger declinó comentar sobre la petición chilena.
