VALPARAISO.- En la tarde de este miércoles se constituyó la comisión de la Cámara de Diputados que investigará la renuncia de Jorge Arancibia a la comandancia en jefe de la Armada y su postulación como candidato de la UDI en la Quinta Región Costa.
En la sesión sólo participaron los integrantes de la Concertación, quienes eligieron como presidente de la instancia al diputado DC Ricardo Rincón.
La comisión quedó integrada por los diputados socialistas Juan Bustos y Alejandro Navarro; los DC Waldo Mora, Sergio Velasco y Pablo Lorenzini; los PPD Laura Soto y Antonio Leal.
Por la oposición están los diputados UDI Francisco Bartolucci, los RN Haroldo Fossa, María Angélica Cristi y Pablo Galilea.
Los parlamentarios que en definitiva conforman la comisión, luego de algunos cambios por las renuncias y reemplazos de algunos de los legisladores nombrados primeramente por sus bancadas, tienen un plazo de 30 días renovables por acuerdo de la sala.
Deberá investigar la situación en que se produjo la renuncia y posterior candidatura de Arancibia, determinar responsabilidades, proponer soluciones, medidas, sanciones y eventuales cambios constitucionales para evitar que se repita una situación de esta naturaleza.
El proyecto de acuerdo que dio origen a la comisión señala que se investigará "si efectivamente el almirante en retiro ha incurrido en infracciones constitucionales legales y reglamentarias, la forma de prevenir qué hechos similares se presenten en el futuro y particularmente la forma de sancionar a aquellos que induzcan a los integrantes de los institutos armados a participar de manera irregular en la vida política nacional".
La comisión deberá establecer además "si el almirante ha incurrido en actos de deliberación política y/o de desobediencia de su superior jerárquico, establecer también la participación que le correspondió entre otros a representantes de la UDI en estos hechos y la responsabilidad legal que se deriva de ellos, y finalmente estudiar e informar a la sala sobre la idoneidad de nuestras instituciones políticas y jurídicas para precaver que se produzcan hechos como el que motiva esta investigación y en caso de ser necesario se indiquen cuáles serían las normas constitucionales y legales para asegurar la no intervención de los institutos armados en la política nacional", según señala el proyecto de acuerdo alcanzado.
