SANTIAGOP.- El diputado y candidato a senador por la circunscripción IX Región Sur, José García Ruminot, denunció que la Contraloría General de la República detectó la malversación de mil 280 millones de pesos en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
García explicó que en una auditoría practicada a la entidad a fines del año pasado, el órgano contralor procedió a rechazar 230 contratos a honorarios, toda vez que éstos no se encontraban ajustados a derecho. Agregó que la irregularidad se reiteró durante el presente año, razón por la cual se instruyó un sumario administrativo en dicha repartición.
Según el diputado, la Contraloría detectó que con cargo al Fondo de Tierras y Aguas se ocuparon 1.280 millones de pesos para el pago de honorarios, viáticos y gastos de oficina, en circunstancias que el señalado fondo tiene por única finalidad la adquisición de tierras y la constitución de derechos de agua a favor de las comunidades indígenas.
Por ello, denunció que es enteramente improcedente que se resten recursos que deben ir directamente en beneficio de las familias mapuches para pagar gastos no autorizados por ley.
La situación, según emplazó García, es técnicamente una malversación de recursos públicos y procede que el Organismo Contralor inicie el respectivo juicio de cuentas en contra de quienes autorizaron tales contrataciones, esto a objeto de que devuelvan el dinero usado ilegalmente.
Los mil 280 millones de pesos usados ilegalmente corresponden a 656 millones en honorarios, 38 millones en viáticos y 587 millones de pesos en bienes y servicios de consumo.
A los 656 millones extraídos del Fondo de Tierras y Aguas para contrataciones a honorarios, se suman otros 900 millones del presupuesto de personal de la Conadi, por lo que los fondos comprometidos sólo en las contrataciones a honorarios, suman anualmente, 1.500 millones de pesos.
Lo anterior, según el parlamentario, demuestra la pésima administración que hace este organismo público de los recursos fiscales, que son puesto a su disposición para mejorar las condiciones de vida de las familias mapuches.
Las reiteradas irregularidades en la administración de los dineros no sólo ha significado mantener el retraso en que viven miles de familias, sino que además, producto del descontento y de las expectativas no cumplidas por la Ley Indígena, se ha facilitado la acción de grupos extremistas que han hecho de la violencia su forma permanente de actuar, finalizó García.
