VAPARAISO.- Un total de 14 diputado de la Democracia Cristiana (DC), Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) se sometieron hoy públicamente a un examen de pelo para probar, en forma voluntaria, que no son consumidores de drogas.
De esta forma, expresaron su apoyo a la petición del Gobierno para que restituya la normativa que establece la obligatoriedad de este test para las autoridades de la administración pública, del poder judicial y legislativo, y establecer como delito el consumo de drogas en los altos cargos.
Estos exámenes, tomados por un laboratorio especializado, siguieron a otros siete test tomados en Santiago a otros parlamentarios, con un costo de 60.000 pesos por cada diputado.
El jefe de la bancada DC, Zarco Luksic, sostuvo que "estamos presentes los miembros del comité pero en una actitud general de toda la bancada para explicar a la opinión pública que en Chile no hay discriminación y hay igualdad jurídica", recalcando que el test obligatorio de drogas "es conveniente, razonable y positivo".
Sin embargo, el diputado de su partido Sergio Elgueta, criticó duramente el hecho, señalando que "en este país hay adicciones al alcohol, a las drogas, al sexo del mismo rango, y la peor adicción es al dinero".
Por ello, dijo que "que estos mismos parlamentarios que se dejan cortar el pelo y examinar la orina, podrían incluso examinarse sus orificios para probar que son hombres y mujeres, pero también debieran abrir sus chequeras, sus cuentas corrientes, porque no son los consumidores que son enfermos los que poseen el dinero, sino que lo poseen los traficantes y los que se relacionan con ellos y no se ha conocido hasta ahora ningún traficante que sea consumidor".
El diputado del Partido Socialista (PS) Juan Bustos, defendió el rechazo del controvertido artículo 21 por parte de su bancada y del Partido Por la Democracia (PPD), indicando que el test público al que se han sometido ya 21 parlamentarios "es indigno, demagógico y electoralista, porque ese no es el problema. En Colombia, por ejemplo, el problema con los funcionarios públicos y parlamentarios fueron las grandes cantidades de dinero que le entregaba el narcotráfico para sus campañas y promociones, y no el consumo".
Agregó que "el inciso primero establecía que el funcionario público consumidor es un delincuente y no así un gerente de banco, el director de una escuela o de un hospital. Ellos pueden consumir sin tener responsabilidad, mientras el funcionario público va a ser tratado como delincuente cuando evidentemente el consumidor es un enfermo y la pena no va a producir ningún efecto, es absurdo".
Considerando este argumento, el diputado Luksic señaló que su bancada está dispuesta a buscar los acuerdos necesarios para reponer el artículo al proyecto de drogas compatibilizando la posición del PS, lo que equivale a agregar al listado de funcionarios públicos a las autoridades y directivos de bancos, financieras, escuelas, hospitales y en general "de todas las entidades donde es importante dar una señal contra el narcotráfico".
Por su parte, el diputado UDI, Eduardo Díaz, defendió la toma de exámenes voluntarios señalando que "esto fortalece la posición en defensa del artículo 21 que ayer se cayó por la oposición del bloque PS-PPD y esperamos que se reponga porque no basta con esta excelente voluntad de muchos parlamentarios haciéndolo voluntariamente como hoy, sino que es necesario que se haga en forma permanente y por obligación".
Darío Paya (UDI) apuntó que "lamentablemente el bloque PS-PPD al que pertenece el Presidente Ricardo Lagos no le dio su apoyo a una norma que su propio Gobierno patrocinó y que todo el resto de los parlamentarios queremos sea ley, y por eso es importante una señal fuerte del Presidente pidiendo a los parlamentarios de su partido que apoyen la norma".
