SANTIAGO.- Ante el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Julio Dittborn manifestó hoy que su partido no apoyará un Proyecto de Ley destinado a transformar en inamovibles a 2 mil de los 5 mil cargos directivos del sector público, ya que a su juicio ello significará "atornillar" a dos mil funcionarios de la Concertación en caso que en cuatro años más pierda el poder.
Según el parlamentario, la Concertación realizó esta negociación con miras a los resultados electorales en los próximos comicios parlamentarios.
Por ese motivo manifestó su profundo rechazo a la eliminación de dos mil cargos de confianza de la administración pública y su reemplazo por funcionarios de carrera, y aseguró que su colectividad no respaldará esta iniciativa que requiere una ley de quórum calificado.
A pesar que esta medida fue muy resistida por el Ejecutivo, la aspiración de la ANEF fue incluida finalmente en el protocolo de acuerdo refrendado esta semana por el titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.
Satisfacción en la ANEF
Por su parte, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, sostuvo que el reciente acuerdo con el Gobierno sobre "nuevo trato" laboral, "es un avance importante en la modernización del Estado, porque pone al funcionario como eje de este proceso".
El dirigente añadió que el pacto suscrito con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, "apoya el desarrollo de una carrera funcionaria transparente, con incentivos de carácter colectivo que no existían, y el término del empleo temporal o precario que afecta al 45 por ciento de los trabajadores del sector público".
Resaltó que es fundamental la medida de establecer en un plazo de tres años el empleo estable y profesionalizado en los ministerios de la administración central y crear incentivos para el retiro, "ya que actualmente el funcionario que deja la carrera sale sin un peso".
De la Puente explicó que esto ocurre en servicios nuevos como el Fosis, Sernam o la Conama.
Sobre el programa de retiros, manifestó que involucra a 6.400 personas de entre 60 y 65 años que están en edad de jubilar, los que tendrán derecho al pago de una indemnización con un tope de 10 meses de sueldos para los hombres y 11 para las mujeres.
Sin embargo, destacó que el acuerdo alcanzado con el Gobierno establece que estas vacantes serán llenadas, "ya que la administración pública chilena es pequeña y representa el 5,9 por ciento de la fuerza laboral del país".
De la Puente argumentó que la bonificación de 10.000 pesos mensuales para zonas extremas, que se duplicará a partir de 2003, debe extenderse a la primera y segunda regiones y a las provincias de Palena e Isla de Pascua.
