| El nuevo regente albo |
Patricio Jamarne Banduc, el nuevo síndico de Colo Colo, nació en Puerto Montt, en 1960. Tras cursar sus estudios básicos y medios en el Liceo Lastarria de Providencia (donde también estuvo Juan Carlos Saffie); estudió Derecho en la Universidad de Chile, donde obtuvo especialización en Derecho Comercial. El 15 de noviembre de 1983, formó parte del Colegio de Abogados.
Casado, con tres hijos, el abogado condujo, entre otras, las quiebras de Plásticos Temuplas Ltda. (2001); Sociedad Abastecedora de la Minería, Sademi (2002); Inmobiliaria Edinac (2001); y el convenio judicial de la Minera Pudahuel del grupo Cruzat (2002). Además asesoró a Saffie en el proceso de quiebra de buses Tramaca.
Jamarne suplió a Saffie tras firmar el convenio de administración (14 de mayo de 2003). Luego compartió, en calidad de administrador ejecutivo, la Comisión regidora junto a los acreedores Francisco Goñi y Darío Roca y el presidente de la fallida, primeramente Carlos Riutort y, luego, Luis Baquedano. Delegó la responsabilidad de la administración ejecutiva en Olegario Reyes, pero mantuvo su calidad de representante legal del club, razón que lo tuvo con orden de arraigo luego de que AFP Hábitat entablara un juicio por las deudas previsionales con los trabajadores del instituto albo.
Además de su labor al interior del Poder Judicial, Jamarne integra el estudio de abogados Hales y Jamarne y su empresa Serlex le presta asesorías legales al club. |
SANTIAGO.- La titular del 22° Juzgado Civil de Santiago, Helga Marchant, aseguró este jueves que "en el curso del día de hoy o mañana" firmará el decreto que señale la resolución del convenio de administración y la reapertura de la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo, luego de que "se celebrara una comparescencia y las partes aceptaran la petición demandada por el abogado Jorge Morales".
"Sólo tengo que redactar la resolución final a la mayor brevedad. En cualquier caso, la decisión no variará de la quiebra", apuntó la jueza.
El instituto albo vuelve al estado de bancarrota impuesto en enero de 2002, y que se extendió hasta mayo de 2003 por medio de un convenio de continuidad de giro. Actualmente restan solamente ocho meses del acuerdo de segundo acuerdo conseguido durante la primera quiebra, por lo que, según el síndico Patricio Jamarne, "estamos contra el tiempo y hay que hacer rápido las gestiones para satisfacer a los acreedores".
La medida fue demandada a la magistrado el pasado jueves 8 de abril, a través de un juicio sumario instado por el abogado Jorge Morales, representante de un conjunto de 21 acreedores donde destaca el ex entrenador del equipo, Roberto Hernández, y los ex futbolistas albos Pedro Acevedo, Sebastián González y Mario Cáceres, entre otros.
La solicitud originó el comparendo de las partes, este jueves, acción que enfrentó al abogado Morales con Jamarne, en su calidad de representante legal del club. El representante de la acreencia aseguró que “se han incumplido los fundamentos de hecho que originaron la junta de administración, en este caso, a través del avance en las ejecuciones individuales que provocarían un perjuicio a la masa de acreedores".
La aclaración se hizo en referencia a los remate programado para el 5 de mayo próximo, del Teatro Monumental, la sede de Cienfuegos 41 y un inmueble en la localidad de Chiu Chiu (Región de Antofagasta), solicitados por el fisco contra el club. También se encontraba en litigio el 87 por ciento de participación del club en la Inmobiliaria Estadio Colo Colo S.A.
Según el informe entregado en la última junta de acreedores, el saldo de la deuda del cuadro popular ha permanecido invariable: se eleva sobre los 22 mil millones de pesos y sólo se ha cancelado poco menos de un 5 por ciento del total, a través de algunos casos de avenimiento.
Esto, unido a la nula liquidación de los bienes prescindibles, terminó por derruir la paciencia de los acreedores, que apoyaron en masa la moción de Morales. Mientras la administración aseguraba al traspaso del futbolista Sebastián González entre los haberes, el acuerdo de hoy llegó a la conclusión de que se trataba de "una actividad propia del giro".
Frente a esto, el presidente del club e integrante de la Comisión Administradora, Luis Baquedano, había representando el deseo de intentar un acuerdo a través de la transformación del club en sociedad anónima, cuyos capitales quedarían en poder de los acreedores del club.
En todo caso, la acalorada sesión de socios del pasado sábado terminó por impedir la mera formulación del escrito del presidente en curso, en orden a que se le impugna la relatividad de su cargo, toda vez que no fue electo por el cuerpo descrito en los estatutos (los socios).
Por su parte, Francisco Goñi Baeza, administrador general de la quiebra, representante de los acreedores y director general de CIE Chile; consideraba como inoportuna el alza del convenio, toda vez que difícilmente en su calidad de acreedor valista podrá ver un peso tras la liquidación del club. Sin embargo, su posición varió en la última junta de administración de Colo Colo (el martes 19), sumándose de oficio a la petición de quiebra adelantada por Jamarne.
Qué viene ahora
El estadio y los jugadores son los principales activos del club
En términos concretos, la reapertura de la quiebra permite que Patricio Jamarne asuma en propiedad como síndico interventor del club (anteriormente ocupó la suplencia de Juan Carlos Saffie y la titularidad en forma simbólica); junto con detener los procesos de remate y pagos que pesan sobre el fallido.
Es el caso de las órdenes de remate que pesaban sobre el Teatro Monumental, la sede de calle Cienfuegos, un inmueble en la localidad de Chíu-Chíu y el 87 por ciento de las acciones de la Inmobiliaria, también en proceso de quiebra. La liquidación de estas especies sería cursada el próximo 5 de mayo, y originó el reclamo de los acreedores valistas y preferentes, toda vez que el Fisco recaudaría dineros a través de un imperativo legal, que incumpliría el acuerdo que dio origen a la administración.
Por otra parte, también se detiene la medida precautoria que solicitó José Luis Sierra, por 150 millones de pesos derivados de los acuerdos de Colo Colo con sus sponsors: Compañía de Cervecerías Unidas, Reebok y los dineros de la televisación entregados por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
La jueza Marchant debiera reinsertar la vigencia de la continuidad de giro descrita en forma previa a la ejecución del convenio de administración. Ésta, cuya duración se extiende a dos años después del levantamiento del proceso el 13 de diciembre de 2002, debiera dar lugar a la definitiva liquidación de los bienes del club.
En este caso, el primer paso es la liquidación de los bienes antes señalados como prescindibles. El tema del estadio Monumental tiene una doble dificultad, por cuanto los terrenos de Macul debieran ser vendidos antes de la finalización del convenio, señalada para ocho meses más. El imperativo choca con la necesidad del cambio de uso de los terrenos descritos, desde el rótulo de "áreas verdes" al de "inmobiliario", el cual elevaría tres veces su valor.
Al respecto, sin embargo, el abogado Jorge Morales aseguró que "la paciencia no es infinita y si el cambio del uso de suelo no se produce, no tendremos alternativa a liquidarlo en esas condiciones".
Finalmente, y en torno a la conformación del directorio de la fallida, Luis Baquedano debe proceder a la ratificación o descarte de su renuncia a la presidencia. En el primer caso, se encontrará imposibilitado a dar curso al plan que postuló a la Junta de Acreedores, en torno a la transformación del club en una sociedad anónima.
El segundo término debiera dar origen a una segunda elección, desde donde se irgue como principal candidato el autoproclamado líder del movimiento "Cacique del mañana", Jorge Vergara Villarroel, aunque requiere de que el directorio reinterprete los estatutos para otorgarle cinco años de antigüedad en algún tipo de conducción del club (presidió el centro de padres de las escuelas de fútbol).
