WASHINGTON.- Cerca de siete semanas después de los sangrientos atentados en Nueva York y Washington, la policía federal y el Departamento de Justicia se preparan para desmantelar las redes terroristas en Estados Unidos con la entrada en vigor ayer de la llamada ley patriótica contra el terrorismo.

El Presidente George W. Bush la firmó ayer en la mañana durante una ceremonia en la Casa Blanca, menos de 24 horas después de que obtuviera la definitiva luz verde del Congreso. "Esta ley es esencial no solamente para perseguir y castigar a los terroristas, sino también para prevenir nuevas atrocidades", destacó el Mandatario.

Durante su trámite en el Congreso los legisladores sostuvieron que la ley permitía un apropiado equilibrio entre las libertades civiles y las necesidades de mayor seguridad de una nación en riesgo.

Pero los defensores de las libertades civiles afirmaron que la nueva ley ponía en peligro los derechos fundamentales y requeriría de una firme atención para mantener a las autoridades en línea.

Dicen que los nuevos estándares para la vigilancia e investigación son tan flexibles que es casi seguro que las autoridades utilizarán tales poderes contra las personas.

Los defensores de la privacidad como Jerry Berman, director ejecutivo del grupo de defensa Centro para la Democracia y la Tecnología, observan que el proyecto de ley otorga al gobierno federal la capacidad de obtener una serie de registros e información sobre individuos, con poca supervisión judicial, lo cual es contraproducente para lademocracia.

Estos grupos tienen además gran preocupación por la expansión de los poderes de una corte especial que otorgue autorización secreta al gobierno para llevar a cabo vigilancia electrónica contra personas sospechosas de estar involucradas con un gobierno extranjero.

Efecto desalentador

Laura W. Murphy, directora de la oficina nacional de la American Civil Liberties Union (ACLU), también sostuvo que la nueva ley define el delito de albergar y apoyar terroristas tan ampliamente que es inevitable que tenga un efecto desalentador en la actividad de ciudadanos comprometidos con grupos pro inmigrantes y pacifistas.

La ley autoriza a la justicia y a los servicios de inmigración a mantener detenido a un extranjero sospechoso de actos terroristas por 7 días (actualmente es de 48 horas) sin suministrar un acta de acusación.

David Cole, un abogado del Centro para los Derechos Constitucionales, sostuvo que la ley se redactó tan ampliamente que hace que las personas queden aptas para la deportación por apoyar grupos que estuvieran sólo marginalmente involucrados en terrorismo.

Por ejemplo, afirmó Cole, el Congreso Nacional Africano bajo Nelson Mandela estuvo por muchos años en la lista negra del Departamento de Estado, pero era muy popular entre los estadounidenses.

Viet Dinh, fiscal general asistente del Departamento de Justicia, respondió: "No creo que se vaya a abusar de estos poderes". Y agregó que, al final, las protecciones de la Constitución todavía serían pertinentes, y que las cortes dirán la última palabra.

Aquellos que apoyan la legislación señalan que algunas de las cláusulas más polémicas concernientes a la autoridad de vigilancia expirarán en cuatro años, a menos que el Congreso las renueve.

"Siempre me inquieta que nuevos poderes se utilicen mal", dijo el representante Howard L. Berman quien votó a favor de la ley. "Pero la válvula de seguridad más importante es la expiración. Tenemos los medios de comunicación y la vigilancia del Congreso", precisó.