LONDRES.- El Parlamento británico comenzó esta semana a debatir un controvertido proyecto de ley para combatir el terrorismo, que contempla, entre otras cosas, la suspensión de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El proyecto - que en la práctica significa declarar el estado de "emergencia pública" en el país- pretende dejar a discreción de la policía la posibilidad de encarcelar sin pruebas ni juicio previo, a cualquier extranjero sospechoso.

Algo que ha provocado una tormenta política en el país y que amenaza con romper, por primera vez desde los atentados del 11 de septiembre, el consenso creado entre los partidos políticos en torno a la guerra contra el terrorismo.

En la primera etapa del trámite parlamentario, el proyecto de ley consiguió el lunes en la noche la aprobación de la mayoría de la Cámara de los Comunes que por 458 votos a favor y 5 en contra, decidió seguir adelante con la tramitación y hacerlo por la vía rápida.

Largo trámite

Al proyecto le queda, sin embargo, un largo camino por recorrer. Para que pueda ser promulgado antes de Navidad, deberá pasar por un comité especial que le introducirá enmiendas, luego será votado nuevamente por la Cámara de los Comunes - en algo que se conoce como "tercera lectura"- para pasar nuevamente a la Cámara de los Lores. Finalmente, volverá a la Cámara de los Comunes, que lo someterá a una última votación.

Un proceso que se vislumbra difícil si se toma en cuenta la avalancha de críticas de distintos sectores políticos y sociales que recibió el lunes.

Tanto la izquierda del laborismo - la formación a la que pertenece el Primer Ministro, Tony Blair- como el Partido Liberal Demócrata se manifestaron en contra y el grupo "Liberty", dedicado a la defensa de los derechos civiles, anunció que recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si la ley es finalmente promulgada.

Blair parece, sin embargo, decidido a sacar adelante su polémico proyecto, que según los analistas, servirá de "termómetro" para medir hasta dónde llega el descontento en las filas de su partido, el Laborista, por la participación del Reino Unido en la guerra en Afganistán.

El argumento esgrimido por Tony Blair y por su ministro del Interior, David Blunkett - que es el ideólogo de la nueva ley- , es que el Reino Unido enfrenta una emergencia seria: la posibilidad de un golpe terrorista como el de las torres gemelas.

Según Blunkett, 16 terroristas sospechosos habrían sido detenidos tras el 11 de septiembre si legislación estuviera rigiendo.

"Estamos hablando de un puñado de gente peligrosa. No de atentar contra las libertades civiles de este país", afirmó ayer el ministro, quien recordó que no es la primera vez que el Reino Unido impone la detención indefinida de extranjeros.

Se hizo en Irlanda del Norte para luchar contra el IRA y durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, gran parte de los parlamentarios y de la opinión pública consideran que el proyecto de ley es excesivo y entrega poderes "draconianos" a la policía.

No gusta, por ejemplo, la cláusula que permite a las empresas de Internet espiar a sus clientes y la que restringe las libertades religiosas.

Mark Fisher, uno de los parlamentarios laboristas que se opone al proyecto, señaló que el gobierno deberá ser "muy convincente" para que el Parlamento se decida a dar "el vamos" a la ley.

Los observadores políticos temen que la fuerte oposición que han provocado sus aspectos más controvertidos termine haciendo fracasar una ley que contempla también algunas medidas que son bien recibidas por todo el mundo. Por ejemplo, la que impone hasta siete años de cárcel a aquellas personas que provoquen alarma social enviando falsas cartas con ántrax y las que refuerzan la seguridad en aeropuertos, laboratorios y centrales nucleares.