El Senado estadounidense aprobó ayer una extensa legislación antiterrorismo que extenderá la capacidad del gobierno de George W. Bush para realizar vigilancia electrónica, detener inmigrantes sin cargos e internarse en los bancos que lavan dinero.
La iniciativa también permite compartir información que tenga el gran jurado para impedir el terrorismo y disminuye las condiciones según las cuales los jueces pueden autorizar las interceptaciones de líneas telefónicas con el fin de obtener información de inteligencia. La Casa Blanca recibió con beneplácito la votación del Senado y anunció que Bush firmará hoy el proyecto.
La votación fue de 98 a 1, después de una votación de 356-66 en la Cámara de Representantes.
Sólo el senador Russ Feingold, demócrata por Wisconsin, se pronunció contra el proyecto de ley y aseveró que éste permitiría indagaciones inconstitucionales y castigaría a individuos por asociaciones vagas con posibles terroristas.
La ley proporciona gran parte de los poderes adicionales que procuraba el fiscal general John Ashcroft el 19 de septiembre, ocho días después de los ataques terroristas en el World Trade Center y el Pentágono.
Sin embargo, redujo algunos de los instrumentos que Ashcroft buscaba, lo que reflejó inquietudes en ambos partidos y cámaras de que la propuesta de la administración llegara demasiado lejos.
Por ejemplo, negó al gobierno el poder que deseaba para detener en forma indefinida sin cargos a inmigrantes sospechosos de envolvimiento en actividades terroristas. El proyecto de ley sí amplía el actual límite de dos días de detención a siete días, aunque bajo ciertas circunstancias que se podrían extender a períodos de seis meses.
Ashcroft aseguró ayer que los nuevos poderes serán ejercidos "de forma inmediata" para someter a los terroristas a "una vigilancia estrecha".
Feingold, si bien alabó a sus colegas por negar a Ashcroft todos los poderes que buscaba, criticó la presión "implacable" para avanzar rápidamente, "sin deliberación o debate". Criticó la legislación por permitir que el gobierno obtenga registros médicos o de negocios que pertenezcan a alguien "que podría haberse sentado en un avión" con un terrorista sospechoso, y por permitir las interceptaciones telefónicas con fines de inteligencia, lo cual no requiere que un juez encuentre una causa probable antes de aprobarlas, aun cuando la recopilación de información de inteligencia sea sólo un propósito menor de la intervención.
Vigilancia amplia
El proyecto de ley negó al gobierno el poder que buscaba para utilizar interceptaciones telefónicas extranjeras que no se habrían permitido en las cortes del país. Igualmente proporciona la autoridad para una vigilancia expandida de computadoras y teléfonos que expiraría después de cuatro años. La administración quería que la autoridad fuera permanente.
El senador Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont, quien encabeza el Comité Judicial, alabó la adición de cláusulas para hacer frente al lavado de dinero.
Las regulaciones que entrarán en vigencia incluyen el prohibir a los bancos
que hagan negocios con instituciones extranjeras que no tengan
instalaciones físicas y no sean parte de un sistema bancario
regulado.
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