SANTIAGO.- Como "las sinrazones de una institucionalidad que no está funcionando bien" calificó el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, la situación por la que atraviesa Mina Invierno.
Es que después de que el Tribunal Ambiental de Valdivia mantuviera la medida cautelar en contra de las tronaduras de la empresa que extrae carbón, la firma ligada a los grupos Angelini y Von Appen anunció ayer el despido de 150 trabajadores. Todo, en medio de un "plan progresivo de paralización" que ha llevado a la desvinculación -directa e indirecta- de unas 500 personas.
Así, tras la confirmación del proceso de detención total de las faenas ubicadas en Isla Riesco, el líder empresarial apuntó contra las consignas de grupos ambientalistas y la labor de los tribunales ambientales.
"Lo de Mina Invierno es una demostración de que consignas que aparentemente tienen sentido común, finalmente son profundamente erróneas", dijo Larraín Matte tras la segunda jornada de charlas del ciclo "Crecimiento: Tres caminos para romper la inercia", organizado por la Sofofa y que es transmitido en streaming por EmolTV.
Respecto a su punto, explicó: "Me refiero a que se dice que cómo es posible que un país que va a organizar la COP25 apruebe una operación minera de carbón. Y la verdad es que eso está profundamente equivocado, porque si bien Chile inició un camino de descarbonización y las empresas generadoras hicieron un acuerdo voluntario con el Gobierno para cerrar sus centrales, los próximos 20 años será una transición y se va a seguir requiriendo generación térmica a carbón".
Entonces, "¿qué queremos? ¿Que ese carbón venga de Australia? ¿Y que se transporte en un barco hasta Chile implicando un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero? O bien que se produzca en Chile generando empleo y con un desafío logístico mucho menor", cuestionó el empresario.
"O sea, el carbón se va a seguir produciendo. ¿Queremos que se produzca en Australia o en Chile? Esa decisión, al final, lo que está haciendo es aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero a pesar de que los que promovían su paralización (de la mina) decían exactamente lo contrario"
Bernardo Larraín Matte
Respecto a la institucionalidad ambiental del país, Larraín Matte disparó: "Cómo es posible que un proyecto que tenía un permiso ambiental que había sido refrendado por todos los servicios técnicos, que decían que todos los antecedentes que se habían entregado eran compatibles con el territorio donde operaba esta mina, y luego el Tribunal Ambiental, frente a una legítima reclamación, pone una precautoria que paraliza la operación".
"¿No debiera ser al revés? ¿Cómo, si hay un permiso ambiental positivo, el peso de la prueba lo tiene quien se opuso y no quien tiene el permiso ambiental para operar?", criticó haciendo referencia a que el Tribunal Ambiental de Valdivia interpuso la medida precautoria después de que organizaciones ambientalistas -Alerta Isla Riesco y la familia Stipicic- hicieran reclamaciones por incumplimientos de la firma.
"Lo más insólito es que la operación con tronaduras es mejor ambientalmente que la operación previa. Entonces la mina ha seguido operando bajo un sistema deficitario, porque es más costoso, pero que además es peor ambientalmente".
Así, sostuvo: "Estas son las sinrazones que muchas veces plantean consignas que simplemente dicen que no podemos tener minas de carbón en Chile y las sinrazones de una institucionalidad que no está funcionando bien".
Para Larraín Matte, esta situación lo que muestra es "la urgencia" de incorporar un elemento adicional a la reforma del Sistema de evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que actualmente se encuentra en el Congreso: "Modernizar el Tribunal Ambiental".
Sobre todo, "en circunstancias en que la modernización del Gobierno plantea que la única instancia de reclamación va a ser el Tribunal Ambiental".
En ese sentido, el empresario recalcó estar de acuerdo con la eliminación del Consejo de Ministros, decisión que se mantuvo tras las últimas indicaciones del Gobierno al proyecto. Pero hizo hincapié en que si el Tribunal Ambiental se convertirá en la única instancia de reclamación, entonces "tiene que ser claramente modernizado" tras ver cómo está "actuando en el caso del proyecto Mina Invierno".
"No soy abogado, pero me parece que no es razonable que si una empresa tiene un permiso para operar y un vecino reclama, cómo puede ser razonable que un tribunal establezca una precautoria de que mientras se resuelva el fondo, la empresa no puede operar", insistió para concluir el líder de la Sofofa.
