El abogado constitucionalista Patricio Zapata lanzó duras críticas contra el proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico a 4,7 millones de familias por el alza en las cuentas de la luz. En concreto, el académico de Derecho UC señaló que el mecanismo para financiar el beneficio confisca las rentas de privados e incurre en una práctica inconstitucional.
"En vez de financiar la ampliación de un subsidio social con Rentas Generales de la Nación, que es lo que manda el artículo 19 Nº 22 de la Constitución, el proyecto prefiere 'confiscar' para ese propósito las rentas legales de un privado", señaló Zapata en una columna en El Mercurio.
"Sin perjuicio de estar vulnerando los derechos a la igualdad y la propiedad de las PMGD -agregó- el proyecto trastoca, además, lo que podríamos llamar la 'Constitución fiscal'. Al pretender que esta recaudación no es un tributo, el Estado incurre en la práctica inconstitucional de destinar tales ingresos a un fin determinado, afectando de paso la libertad de los parlamentarios para discutir usos alternativos, sin el chantaje emocional de tener a la vista unos 'beneficiarios' con nombre y apellido".
Añadió, en esa línea, que "para justificar que el costo de un subsidio al consumo eléctrico deba ser absorbido por algunos de los actores de la industria eléctrica y que no se financie con Rentas Generales de la Nación, como debe ser, el proyecto inventa, de la nada, un principio de 'Autocontención'".
"Nunca -especificó- en mis 30 años de docencia e investigación, había oído hablar de este concepto. De seguirse esta peculiar lógica, el día de mañana podría crearse un subsidio de agua potable financiado con ganancias pretendidamente 'excesivas' que obtengan las empresas sanitarias o se alzará la PGU tomándose parte de las ganancias supuestamente 'excesivas' de las AFP".
"Trátese, sin duda, de un precedente nefasto que, más allá de lo que se piense sobre el precio estabilizado, tendría que preocupar a cualquiera que crea en los derechos adquiridos y la economía de mercado", aseguró también.
Recalcó, en ese sentido, que "el logro de una política fiscal que sea reconocida, dentro y fuera de Chile, como seria y responsable, ha sido fruto del esfuerzo de décadas. Es el resultado de respetar reglas sensatas que vienen desde 1943 (Juan Antonio Ríos) y 1970 (Eduardo Frei Montalva). Supone cumplir y hacer cumplir el marco de la Constitución vigente. Es consecuencia de los empeños consistentes de Foxley, Aninat, Eyzaguirre, Velasco, Larraín, Briones y Marcel, entre otros".
"Visto lo anterior -aseveró- resulta inentendible que el afán de capturar, improvisadamente y de mala manera, algunos cientos de millones de dólares, arriesgue tirar por la borda un patrimonio de reputación y credibilidad que tanto ha costado y que, sin duda, vale muchísimo más".
Por último, sostuvo que "el Gobierno todavía está a tiempo para confirmar su compromiso con el Estado de Derecho. Evitando un disparate".
