Arrancaron las negociaciones por el reajuste salarial del sector público, y si bien las conversaciones están recién comenzando y aún deben afinarse los términos, tanto economistas como el mundo político apuntan a un escenario al menos complejo.
Esto, según dicen, debido a una combinación de restricciones fiscales, una economía estancada y baja productividad. En este contexto, será clave encontrar un equilibrio entre el ambicioso petitorio de demandas de los funcionarios públicos y la realidad económica del país.
Según el pliego de petitorios que presentó Mesa del Sector Público (MSP), que agrupa a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras 15 organizaciones sindicales, los funcionarios públicos exigen
un reajuste salarial de de 7,5% real, el incluye un 3% real, es decir, sobre la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, junto con la implementación de ingresos mínimos para diversos estamentos del sector público, como $555.821 para auxiliares y $618.576 para administrativos.
Pero no solo eso, sino que las conversaciones también estarán marcadas por el debate que abrió el dictamen de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, quien se alineó con los criterios de la Corte Suprema y estableció que aquellos trabajadores que quieran alegar "confianza legítima" -es decir, renovar su contrata- ante despidos en la administración del Estado ya no podrán hacerlo en el ente contralor, sino que deberán realizarlo vía recurso de protección en las cortes de apelaciones. Los últimos fallos de la justicia han establecido que la confianza legítima se considera después de cinco años, y no dos, según el criterio del ex contralor Jorge Bermúdez.
Lo anterior, según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), afecta los derechos de los trabajadores públicos y los deja en la "desprotección", por lo que apelarán a que el Gobierno legisle al respecto.
Las negociaciones comenzaron formalmente ayer, luego de que el Gobierno, representado por los ministerios de Hacienda y Trabajo, se reunirán con las 16 organizaciones de funcionarios públicos que integran la MSP.
Ante esto, economistas y parlamentarios de la oposición han mostrado serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta de los trabajadores del sector público.
En el Congreso se dividen
Desde el Congreso, el diputado Henry Leal (UDI), miembro de la Comisión de Trabajo, subrayó la importancia de que el Gobierno actúe con responsabilidad y evalúe las capacidades del país para cumplir con los reajustes solicitados. Y si bien sostuvo que la demanda de los trabajador públicos es "legítima, ya que esperan un reajuste en sus remuneraciones, como cada año, acorde a la inflación", también piden un ajuste real, por lo que deslizó que Hacienda debe ser claro sobre las posibilidades fiscales del país y el monto que es posible ofrecer.
A su vez, el diputado Christian Matheson (Evópoli-IND) llamó a la CUT a actuar con un mayor sentido de realidad dada la situación económica. "Aquí el gran problema está focalizado en la cantidad de promesas que ha realizado el gobierno sin tener certezas de poder cumplirlas y esto me parece grave", señaló.
"Aquí el gran problema está focalizado en la cantidad de promesas que ha realizado el gobierno sin tener certezas de poder cumplirlas y esto me parece grave"
Christian Matheson, diputado Evópoli-IND
Por su parte, el diputado
Frank Sauerbaum (RN) y miembro de la Comisión de Hacienda, expresó que la falta de crecimiento económico hará que todos los sectores enfrenten dificultades. "Este año vamos a tener una inflación cercana al 4,2%, niveles de crecimiento cercanos al 2% o un poco menos, y eso hace que el Estado no tenga ingresos suficientes para poder cumplir siquiera con los compromisos que ya había tenido durante este año 2024", afirmó
Ante este escenario, el diputado consideró que el reajuste solicitado por el sector público difícilmente podrá cumplirse en los términos propuestos. "Yo creo que en esa línea vamos a tener que hacer un reajuste que, obviamente, por lo menos cubra los niveles de inflación y algo más, pero no mucho más que eso dado fundamentalmente a la debilidad que tenemos para recaudar", dijo.
Por su parte, desde el oficialismo, el diputado Tomás Hirsch (AH) e integrante de la Comisión de Trabajo, manifestó que le parece "totalmente viable la solicitud de la Mesa del Sector Público y no sólo viable sino que necesaria porque no es posible que siempre quienes paguen el costo de las dificultades económicas sean los trabajadores".
"A mí me parece que quienes tienen que hacer un esfuerzo son quienes más tienen, el mundo empresarial aumentando los impuestos que hasta ahora no han querido y hay que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de Chile", expresó. "Apoyo plenamente la propuesta y la solicitud de la mesa del sector público", manifestó.
"No es posible que ni en el sector público ni en el sector privado se los deje sin una mejora que por lo demás es bastante mínima estamos hablando un 3% real en sus remuneraciones. Por lo tanto apoyo plenamente la propuesta y la solicitud de la mesa del sector público"
Tomás Hirsch, diputado Acción Humanista
También desde oficialismo, el diputado
Andrés Giordano (IND-FA) y miembro de la Comisión de Trabajo, reforzó con que "los trabajadores del sector público están demandando un reajuste razonable".
"Pero además están planteando resolver temas que deberían estar resueltos desde hace mucho, como la estabilidad laboral -a propósito del dictamen emitido recientemente por la Contralora-, y la aplicación de las 40 horas", añadió.
"El Estado -especialmente durante la administración de nuestro gobierno- tiene que dar el ejemplo en todos estos asuntos: en salarios dignos, en trabajo estable y en condiciones laborales decentes", sostuvo el diputado frenteamplista.
Retos en productividad y finanzas públicas
Economista también pusieron sobre la mesa su opinión. Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, primero remarcó que la negociación aún está en su etapa inicial, pero advirtió sobre los desafíos económicos que enfrenta el país. Sin embargo, enfatizó que en términos de viabilidad, hay dos factores clave a considerar.
En primer lugar, Cifuentes destacó que los aumentos salariales reales deberían ir acompañados de un incremento en la productividad laboral, pero lamentó que esta haya mostrado una caída significativa en los últimos años.
En esa línea, la investigadora de Clapes UC sostuvo que según datos del Banco Central, la productividad laboral cayó un 6,3% en 2022, la mayor caída entre los países de la OCDE. A esto se suma el elevado ausentismo en el sector público, lo que reduce aún más la viabilidad de un reajuste real sin un aumento paralelo en la productividad.
En segundo lugar, Cifuentes advirtió que el país enfrenta restricciones fiscales significativas.
"Desde una perspectiva fiscal, la solicitud enfrenta restricciones importantes, ya que el país no cuenta con holguras presupuestarias"
Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC
"Desde una perspectiva fiscal, la solicitud enfrenta restricciones importantes, ya que el país no cuenta con holguras presupuestarias. Es más, no se cumplirá la meta de balance estructural para este año e incluso existe la posibilidad de que el desvío sea aún mayor al estimado debido a una sobrestimación de los ingresos fiscales", explicó.
Esto genera preocupación, ya que destinar mayores recursos al sector público podría reducir los fondos disponibles para áreas prioritarias como salud, educación y trabajo.
Por su parte, Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) enfatizó que un reajuste salarial real debe ir acompañado de un aumento en la productividad laboral para evitar desequilibrios. "Un reajuste real de remuneraciones debe ir aparejado de un incremento similar en la productividad laboral para evitar desequilibrios", afirmó.
Según Bravo, el bajo crecimiento de la productividad en Chile, combinado con el contexto de estrechez fiscal, limita las opciones del Gobierno para acceder a un reajuste superior a la inflación.
"La productividad laboral en Chile no está creciendo, por lo que desde el punto de vista técnico no existen fundamentos económicos para un reajuste de remuneraciones superior a la inflación, especialmente en el actual contexto de estrechez fiscal", manifestó.
"La productividad laboral en Chile no está creciendo, por lo que desde el punto de vista técnico no existen fundamentos económicos para un reajuste de remuneraciones superior a la inflación, especialmente en el actual contexto de estrechez fiscal"
Juan Bravo, director del OCEC UDP
Además, subrayó que "si bien el foco suele ponerse el monto del reajuste
también se debe considerar que en el ítem del gasto público en personal también influyen los eventuales beneficios y asignaciones adicionales que usualmente son parte de estas negociaciones".
Por su parte, Nicolás Román, académico de la Universidad de los Andes, propuso un enfoque diferenciado. "Hay muchas preguntas respecto de esta propuesta. Mi impresión es que habría que distinguir entre instituciones y entre cargos y niveles de renta y no esta negociación con toda la administración pública", acotó.
"Me parece más adecuado, revisar si amerita un alza de salarios reales entre instituciones, porque hay algunas que funcionan mejores que otras", agregó.
Asimismo, Román enfatizó en que "también habría que distinguir entre cargos y niveles de renta y si hay instrumentos que permiten saber si hay equidad interna y competitividad externa".
En esa línea, consideró que "algo a tener en cuenta es la inamovilidad (o al menos la dificultad) para remover a funcionarios públicos de sus cargos en caso de trabajar deficientemente, lo que de alguna manera le permite al Estado tener buenos técnicos y profesionales, pues es un atributo valorado".
