Las indicaciones que ingresó el Gobierno a la reforma previsional elevan en un 7% la contribución por parte del empleador, que ya aporta un 1,5%. Con esto, el total de esa suma alcanzará 8,5 puntos.
De ese número, un 4,5% irá directo a las cuentas individuales. Mientras, el 4% restante se dividirá en un 1,5% como préstamo al Estado para financiar el beneficio de 0,1 UF por año cotizado a actuales pensionados; y 2,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y el bono tabla, que compensará las pensiones de las mujeres.
Es precisamente este porcentaje el que ha concentrado críticas de algunos políticos, expertos y gremios empresariales en las últimas horas:
el 4% que que manejaría el Estado.
"Hace crecer el tamaño del Estado"
Apenas se notificó el acuerdo al que llegó el Gobierno con Chile Vamos, ciertos sectores de la derecha apuntaron contra él. ¿El argumento? La mayor presencia estatal en el sistema.
Lo medular lo sintetizó ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Señaló que la reforma "representa con claridad todo lo que como sector hemos dicho no queremos para Chile. Genera desempleo, hace crecer el tamaño del Estado, aumenta el gasto y le entrega nuestros ahorros a los políticos de turno durante décadas".
"Creemos que es tiempo que la candidata presidencial de Chile Vamos, en su calidad de economista y ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se pronuncie públicamente para evitar que los parlamentarios de los partidos que la respaldan, cometan el error histórico de votar a favor esta mala reforma de pensiones", añadió.
Antes de él, ya se había pronunciado el candidato presidencial de esa tienda, José Antonio Kast. "El 6% no irá a tu cuenta individual; los ahorros de tu trabajo ya no serán tuyos. Ese es el resultado del acuerdo entre el Gobierno y los partidos de Chile Vamos", dijo el exdiputado.
"El 1,5% va a ir de préstamo al Estado. Un préstamo que 'dicen' se lo devolverían a los trabajadores en 20 o 25 años más. Eso es difícil de creer", añadió en otro registro que subió a X.
Pero no solo desde partidos de oposición más duros ha surgido esta crítica, sino que también desde el mundo de los expertos. "Esto es un abuso a los trabajadores. Cotizaciones irán sólo al Estado y no a la cuenta individual los primeros año", expresó el economista Bernardo Fontaine en X, mientras adjuntó una tabla que especifica la transición de la cotización adicional.
"Indicaciones generan gruesas dudas: no todo el 6% va a la cuenta individual salvo (que) la persona jubile, el préstamo no es exactamente un bono estatal, se crea nueva cotización para un fondo estatal de reparto y existe riesgo (de que) el Estado sea el administrador dominante", expresó en otra publicación.
Parte del mundo empresarial adhirió -en términos generales- a la critica. Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) explicó que "nos parece que las indicaciones incorporadas en el proyecto de ley profundizan un rol mucho más activo del Estado en la gestión directa de los fondos previsionales, que entendemos no está en la línea de los acuerdos que se habían alcanzado".
"Adicionalmente, y dado el aumento de la cotización nos preocupa el mayor impacto que esto tendría en el mercado laboral que esperamos se atenúe con una adecuada gradualidad. Quisiéramos que en el trámite legislativo que comienza puedan subsanarse estas materias para poder tener la ley previsional que Chile necesita", sostuvo también.
Inversor público
Por otra parte, y pese a que no se considera en el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos, en marzo se presentaría un proyecto de ley para crear un inversor público en pensiones que compita con las AFP, algo que no sería mirado con buenos ojos por la oposición.
Según recogió El Mercurio, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cree que La Moneda debe aclarar sus intenciones en esta materia. "Es bueno que el Gobierno no confunda a la gente: de acuerdo con la Constitución, se requiere una ley de quorum calificado para crear esta entidad".
"Como sera, esa idea no la vamos a respaldar. Si el Gobierno quiere un ente estatal, debió plantearlo en la reforma", añadió.
Por su parte, Frank Sauerbaum (RN) cree que el Ejecutivo incurre en una mala señal al manifestar este tipo de intenciones. "Con un administrador estatal como el ISP y con un ente que haga inversión, licitando las carteras se va a converger en un ente estatal a largo plazo, porque las comisiones cobradas por ellos pueden tener cualquier valor, con la espalda financiera que tiene un Estado".