El Comité Central de Médicos de Sudán, un sindicato opositor, elevó hoy a 35 el número de muertos por la represión violenta de la acampada antigubernamental de Jartum (capital), cuando fue dispersada a tiros este lunes por los militares.
Además se han registrado "cientos" de heridos, muchos de los cuales se encuentran en estado grave y están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de Jartum, según un comunicado del sindicato.
"El número exacto (de víctimas) no está claro porque las milicias armadas y
fuerzas de seguridad están rodeando los hospitales y atacando o arrestando a los doctores. Además, según los testimonios de doctores y manifestantes, muchos cadáveres de la zona de la acampada fueron arrojados al río Nilo por las milicias (progubernamentales) yanyauid", dijo el comunicado.
El nuevo balance añade cinco víctimas mortales a las 30 que habían notificado los médicos el lunes, día en el que se produjo el asalto contra la acampada opositora.
Los militares irrumpieron a tiros en la acampada a primera hora de la mañana mientras centenares de personas se encontraban en el lugar, situado en la explanada situada frente al cuartel general del Ejército.
La acampada, epicentro de la revolución que llevó al derrocamiento de Omar al Bashir el 11 de abril, fue destruida por completo por los militares, según denunció la oposición.
La junta militar argumentó que la intervención fue una acción dirigida contra "delincuentes" que se habían infiltrado en la acampada, aunque desde hacía semanas los generales exigían a la oposición que desmontase el lugar de las manifestaciones.
Después del asalto, los militares bloquearon las principales avenidas de Jartum con barricadas, cerraron los puentes que comunican con las ciudades al otro lado del Nilo y cortaron tanto internet como la emisión de todas las cadenas de radio de la capital, sumiendo Jartum en un bloqueo casi total.
El presidente del Consejo Militar Transitorio de Sudán,
Abdelfatah Burhan, anunció hoy la
suspensión de todos los acuerdos alcanzados en las últimas semanas con la oposición y se comprometió a convocar elecciones en un plazo máximo de nueve meses.
El jefe de la junta militar que dirige el país tras el derrocamiento el pasado 11 de abril de Omar al Bashir manifestó su lamento por lo que sucedido en la acampada y ordenó al fiscal general una investigación de lo sucedido.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el uso de la fuerza por parte de los militares y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, rechazó el uso de fuego real contra los manifestantes.
