SANTIAGO.- "Rompe, paga" es la nueva política que está aplicando la Municipalidad de Santiago para buscar que efectivamente alguien se haga responsable de costear los millonarios daños que se producen durante las tomas en los colegios en esa comuna.
En la práctica, el municipio buscará que los padres de los menores que, a su juicio, tengan responsabilidad en los hechos, asuman el costo económico de los daños. Para ello, presentarán demandas civiles contra el padre o la madre, para que indemnicen al municipio.
"Lo que se busca, desde el punto de vista jurídico, es generar la obligación de indemnizar, que se transfiere al patrimonio de los padres", señala a Emol el jefe de la dirección jurídica de la Dirección de Educación Municipal (DEM), Christopher Gotschlich.
Según explica, esta medida se fundamenta en el Código Civil, el cual "establece presunciones de responsabilidad de las personas que uno tiene a su cuidado (...) y los padres son responsables de los hechos de sus hijos, es como un principio general".
Ésta es una medida inédita –que debutó ayer con cinco demandas por la toma del Liceo Teresa Prats–, ya que en otras ocasiones las autoridades sólo presentaban querellas para buscar la responsabilidad penal de los autores directos, pero no una compensación económica.
Medida podría afectar a los centros de alumnos
El abogado clarifica que las demandas serán siempre contra el padre, la madre o quien sea el responsable legal del menor, que no es lo mismo que el apoderado, que podría ser otro familiar.
¿Y cómo se determinará quiénes son los alumnos "responsables"? Gotschlich señala que esto se verá "caso a caso" –dependiendo de lo que ocurra en cada establecimiento–, aunque el principio general será responsabilizar a los alumnos que llamen a las tomas, que no necesariamente serán quienes cometan materialmente los destrozos.
Por eso, indica que "muchas veces será el centro de alumnos" el objeto de las demandas, cuando "dirija, promueva y participe activamente en las tomas", aunque también podrá no serlo si fue un grupo alternativo el que instó a tomarse el colegio. Por ejemplo, las demandas por la toma del Liceo Teresa Prats fueron dirigidas a los padres de cinco estudiantes del centro de alumnos.
El argumento para esto es que "ellos infringieron un deber de cuidado" del colegio. "Un centro de alumnos no puede llamar a realizar un acto delictual, como una toma (...) Cuando uno llama a la comisión de un delito tiene que hacerse responsable", subraya. Pese a esto, asegura que estas acciones legales no apuntan a atacar a los centros de alumnos y la organización estudiantil.
Otros alumnos cuyos padres podrían ser demandados son aquéllos que sean detenidos por Carabineros durante los desalojos. Esto podría ocurrir en el Liceo Confederación Suiza, que también quedó con daños luego del desalojo de ayer y donde fueron detenidos nueve menores (además de siete adultos). Aunque esto aún se está evaluando.
También aclara que no siempre se presentarán demandas, sino sólo en aquellos casos en que el establecimiento quede con destrozos. "Ha habido tomas que no dejan daños", señala, como ocurriría, hasta el momento, en el Instituto Nacional.
Otro caso en que se abstendrían de demandar es cuando el escolar tenga más de 18 años, porque ahí legalmente ya no se puede responsabilizar al padre, y demandar al alumno podría ser inoficioso ya que lo más probable es que no tenga dinero para pagar la indemnización.
¿Cuánto dinero tendrían que pagar los padres?
En cuanto al monto de dinero que soliciten en las demandas, explica que se pedirá una indemnización equivalente al valor de los daños. "No hay ningún lucro de por medio", aclara.
Dice que, para esto, el Departamento de Infraestructura tiene un "catastro constante de la condición en que están los establecimientos de la comuna", y tras la toma van al colegio y hacen la comparación. "Así pueden establecer que los daños son consecuencia de la toma", indica.
Por ejemplo, en el Liceo Teresa Prats los daños fueron avaluados en $3 millones 300 mil, que deberían ser costeados por cinco padres.
De todas formas, el abogado explica que los montos finales se discuten en el tribunal y que siempre está la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial.
Junto con presentar estas demandas civiles, el municipio seguirá presentando las querellas contra los responsables directos de los daños –especialmente si son mayores de edad–, con el fin de que reciban penas de cárcel por los daños provocados. En estos casos también podrían pagar una multa, aunque ésta sería en beneficio fiscal y no del municipio.
Una tercera vía de sanción es la que pueden aplicar los propios liceos, de acuerdo a sus manuales de convivencia, y podrían llegar hasta la cancelación de la matrícula.
