SANTIAGO.- Tras varios meses de polémicas y debates en torno al aborto, este viernes el Ministerio de Salud presentó a la Contraloría General de la República un nuevo reglamento de objeción de conciencia. Esto después de que la misma entidad fiscalizadora declarara ilegal el protocolo realizado en marzo bajo la administración de Sebastián Piñera.
De esta forma, el nuevo documento vuelve a establecer la prohibición para ser objetores de conciencia a instituciones privadas que reciben fondos públicos en el área de obstetricia y ginecología.
El origen de la polémica
Anteriormente, el Gobierno de Michelle Bachelet, decretó a principios de este año, que las instituciones privadas que prestaran servicios para el Estado no podían ser objetoras, de lo contrario se les quitarían los recursos fiscales.
Tras esto, días después de que asumiera las riendas del país el Gobierno de Sebastián Piñera, el ministro Salud, Emilio Santelices, firmó una resolución que derogaba la medida impuesta meses atrás por la administración anterior.
Dictamen de Contraloría
Cerca de un mes y medio después de la nueva resolución firmada por Santelices, Contraloría General de la República declaró ilegal los cambios al protocolo de objeción de conciencia.
"Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud", señaló en mayo el órgano contralor.
Y agregó que "las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud".
Horas más tarde de conocer el dictamen del ente fiscalizador, la propia ex Presidenta Bachelet valoró la medida.
"Valoro dictamen de Contraloría que defiende el derecho de las mujeres de nuestro país a decidir en situaciones difíciles como es el aborto en tres causales ¡Torcer el espíritu de las leyes que la gran mayoría de la ciudadanía apoya es retroceder en lo avanzado!", escribió la otrora Presidenta el 9 de mayo pasado.
Nuevo reglamento
Después de 51 días de lo estipulado por Contraloría, el Ministerio de Salud presentó un nuevo reglamento de objeción de conciencia este viernes 29 de junio.
"En virtud de lo ordenado por Contraloría, los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del DFL Nº 36 podrán ser objetoras de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología", explicita el documento.
Asimismo, el texto aclara que "los establecimientos públicos tampoco pueden ser objetores... No podrá discriminarse arbitrariamente a quienes decidan ser objetores o a quienes no decidan serlo".
En ese mismo sentido, se establece que "siempre cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, debe practicarse la interrupción del embarazo, aunque el establecimiento o profesional sea objetor".
A raíz del nuevo reglamento, este sábado comenzaron las primera críticas. Incluso, desde la UDI deslizaron que no descartan acudir al Tribunal Constitucional.
"Lo vamos a revisar y lo vamos a conversar de que podamos recurrir al TC, de que podamos hacer alguna presentación jurídica porque creemos que la Contraloría se equivocó, el Gobierno estaba de alguna manera forzado también a dar cumplimiento de un dictamen de la Contraloría", dijo el diputado e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Javier Macaya.
Y el parlamentario finalizó diciendo que "de alguna u otra manera está obligado a cumplir lo que la Contraloría le ha señalado y en ese sentido se ha visto forzado a dictar un protocolo, en este caso un reglamento que es bastante similar al que había dictado en su momento la Presidenta Bachelet".
