SANTIAGO.- Un intenso debate se ha desarrollado esta semana debido al avance que ha registrado en el Congreso Nacional el proyecto de ley que busca sancionar a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura y que hayan sido acreditadas por instancias formales del Estado.
Para algunos, la iniciativa impulsada por la diputada del PC, Carmen Hertz, choca con la libertad de expresión, mientras que otros justifican la penalización de este tipo de conductas.
El rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio, Carlos Peña, manifestó su rechazo al proyecto argumentando que "si se hace callar de esa forma a quienes niegan las violaciones a los DD.HH., no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino que también la propia causa de los DD.HH. aparecería perjudicada".
"La libertad de expresión, que no hay que olvidar es también un derecho humano, sufriría un desmedro (…) las sociedades abiertas reconocen la libertad de expresión a sus miembros para que digan o expresen puntos de vista que van contra las convicciones que abriga la mayoría", añadió.
Su postura se alineó de ese modo con la del Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó: "¿cómo se va a cuestionar el pensamiento, cómo le pueden castigar a usted? Meter presa a una persona, porque a lo mejor tiene una opinión distinta, cree que las cosas fueron de otra manera, yo respeto el pensamiento".
"Cuando usted entra a que una mayoría tiene el poder oficial, la verdad oficial y castiga con cárcel al que piensa distinto, yo creo que el pensamiento tiene que ser libre como los pájaros, y la libertad de expresión es un valor fundamental", indicó, aunque enfatizó que el que niega las violaciones a los DD.HH., está "cometiendo un tremendo error".
La misma visión planteó el
ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Felipe Sandoval (ex DC), quien manifestó su "disconformidad y decepción con los diputados de oposición que votaron a favor del proyecto, los mismos con los que luchamos en conjunto por el derecho a la libre expresión para todos los chilenos durante la dictadura”.
"Una concepción similar de los DD.HH., de la libre expresión de las ideas y de la democracia son conceptos básicos para una alianza estratégica, fue lo que hizo fuerte a la Concertación. Lamentablemente estamos involucionando en este aspecto. Espero que el acuerdo que comento sea un tropiezo en el camino y
no un cambio de postura de los partidos a los que pertenecen los diputados que la aprobaron", sostuvo.
Voces a favor
Entre quienes manifestaron su respaldo al proyecto, llamó la atención la postura del ex ministro del Interior y Defensa durante el primer gobierno de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien respondió a través de una carta a El Mercurio a los conceptos del rector Peña.
En la misiva, señaló que "con cautela, sabiduría y capacidad reflexiva, soy partidario de que las sociedades sancionen el negacionismo, aun cuando tengo conciencia de que se trata de una cuestión difícil, en la que, legislativamente, se trazan líneas delicadas que norman el ejercicio de derechos muy importantes".
"El columnista señala que son las sociedades abiertas las que reconocen la libertad de expresión, sean sus puntos de vista mayoritarios o minoritarios. Sugiere, entonces, que sancionar el negacionismo nos convertiría en una sociedad más cerrada o menos libertaria. Omite explicar cómo países como Francia, Austria, Bélgica o Alemania se han convertido en sociedades más cerradas al sancionar el negacionismo", recalcó.
Asimismo, subrayó que "desconocer horrores formalmente establecidos desconoce la institucionalidad que los dio por acreditados, es socialmente dañino, nos acerca a su reiteración, afecta la dignidad humana en su globalidad y, ciertamente,
es agraviante para quienes los sufrieron".
"La libertad de expresión es básica, esencial, debemos cuidarla y fortalecerla, pero a veces -pocas y cuidadosamente- eso supone regularla para no tolerar su abuso por los que no toleran o se aprovechan de nuestra forma de convivencia civilizada”, enfatizó.
La réplica de Peña llegó por la misma vía este viernes, en la cual reiteró que "castigar la negación de los crímenes conduce inevitablemente a clausurar el debate acerca de su significado. Y eso daña la libre expresión y a los propios DD.HH".
“En Chile hay quienes sostienen que los crímenes de la dictadura son susceptibles de ser explicados por circunstancias previas que obligan a morigerar el reproche, y otros sostienen que, por eso, en rigor, no son crímenes (no porque la lesión no haya ocurrido, sino porque fueron actos de guerra irregular, etcétera). ¿Habrá que prohibir la expresión de esos puntos de vista y castigarlos con la cárcel en vez de refutarlos? Hinzpeter sugiere castigar la mera negación fáctica y no la interpretación de los hechos", dijo.
"La libertad de expresión es básica, esencial, debemos cuidarla y fortalecerla, pero a veces -pocas y cuidadosamente- eso supone regularla para no tolerar su abuso"
Rodrigo Hinzpeter, ex ministro
Por otra parte, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien es miembro de la comisión de DD.HH. de la Cámara que aprobó el proyecto, justificó la necesidad de contar con una iniciativa de este tipo en el país.
"Cuando la estupidez tiene como efecto la revictimización, no es tan baladí y ahí hay un límite de la libertad de expresión", dijo esta semana a CNN Chile, advirtiendo que los discursos que justifican las violaciones a los DD.HH. afectan tanto a las víctimas de las dictaduras como a sus familiares.
En Twitter, el parlamentario del Frente Amplio profundizó en sus conceptos, comentando que "se ha dicho que el derecho a la libertad de expresión se vulnera y que éste es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática. Este derecho tiene rango constitucional y consagración internacional, pero no es un derecho absoluto y puede ser limitado legítimamente como lo indican tratados internacionales".
"La libertad de expresión puede estar sujeta a restricciones legítimas para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Las expresiones que justifican, aprueban o niegan las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura afectan a la sociedad en su conjunto y por supuesto, a las víctimas directas y sus familiares", destacó.
En esa línea, advirtió que "cuando estas expresiones se validan en la sociedad existe una revictimización de sus derechos que no podemos tolerar. Es discutible si los discursos de odio se deben sancionar con privación de libertad, pero no se debe olvidar que el derecho actual ya sanciona con cárcel otros tipo de discursos, por ejemplo la calumnia, como la injuria, la que puede ser penada hasta por 540 días de cárcel".
