SANTIAGO.- Un comunicado proveniente de la Municipalidad de Quilpué, Región de Valparaíso, y dado a conocer la semana pasada, hizo resurgir la discusión. Se trata de una iniciativa que vienen estudiando hace algunos meses y que ahora pasó a la firma de un acuerdo entre el alcalde,
Mauricio Viñambres (PS) y la Universidad de Chile para traer a la zona un modelo proveniente desde Islandia.
La idea permitiría imponer restricción horaria para menores de 14 años que circulen por las calles después de la una de la madrugada sin la compañía de un adulto responsable.
Pese a los reparos de algunos abogados que han calificado la propuesta como "inconstitucional", el alcalde de Quilpué en diversas entrevistas ha afirmado que igualmente buscará implementar la medida, ya sea a través de una ordenanza municipal o mediante la aprobación de un plebiscito. Todo, según ha manifestado, a fin de "evitar que los niños y niñas de la ciudad anden por las calles ebrios o drogados".
Ante este escenario, quien se unió a los cuestionamientos hacia la propuesta fue la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. En entrevista con El Mercurio de Valparaíso aseguró que "nuestra postura ha sido de rechazar cualquier decreto o medida que atente contra la libertad y las garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) del país".
Además, continuó, con esta ideas "se busca una definición asociada a la protección de NNA (niño, niña o adolescente) de la comuna, pero los argumentos que se entregan están asociados a la vinculación que se hace de ellos al contexto sobre el uso de droga y alcohol, o comisión de delitos, episodios que solo contribuyen a la estigmatización de este grupo etario con las consecuencias negativas que aquello implica para promover su desarrollo integral y armonioso".
Así, para evitar que los menores de Quilpué transiten por las calles ebrios o drogados, la defensora de la niñez insistió en que "se deben tomar otras medidas acordes con la evaluación concreta y específica que se haga de los factores de protección y de riesgo que presentan los adolescentes en dicha comuna (...), sin necesidad de llegar a tener que recurrir al toque de queda".
"Los argumentos planteados por la autoridad edilicia no hacen más que estigmatizar y criminalizar a todos los NNA de Quilpué, lo que podría producir un rechazo social generalizado a esta población etaria", recalcó Muñoz, añadiendo que la restricción horaria "no hace más que 'enseñar' a través del miedo y el amedrentamiento de la autoridad".
Medida inconstitucional
Por otro lado, y tras calificar el intento de réplica del modelo islandés como "ineficiente", la abogada sostuvo que existe un "evidente problema de inconstitucionalidad de la medida anunciada por el alcalde".
Por lo mismo, afirmó que de aplicarse esta idea, se ejercerán "las acciones constitucionales que correspondan dentro de las funciones legales y jurídicas que nos permite la ley, particularmente a través del ejercicio de la acción constitucional de amparo".
Respecto a la idea de que se realice un plebiscito o asociarse con los establecimientos educacionales para así tener el apoyo de padres y apoderados, Muñoz manifestó que "independiente de que la medida cuente con el apoyo de las madres, padres, apoderados y de la comunidad, a través de un plebiscito o consulta ciudadana, eso no basta para salvaguardar la constitucionalidad de una medida de este estilo".
"La propuesta, solo anunciada mediáticamente por el alcalde de Quilpué, resulta totalmente contraria, pues en ella, la autoridad edilicia, a través de un acto administrativo (como un decreto) estaría limitando un derecho -lo que solo puede hacerse por ley- no estando facultado legalmente para ello, restringiendo el derecho en su esencia como supuesta 'medida de protección'", concluyó.
