SANTIAGO.- "Esta es una venganza del fiscal (regional Emiliano) Arias (...) Desgraciadamente lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba, para decirme que lo apoyara, y lo apoyamos, y fue nombrado. (…) El fiscal Arias, que se sonroja por un tráfico de influencias, llegó por lo mismo. No tiene moral para perseguir a nadie por tráfico de influencias".
Hace casi un mes, uno de los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que está siendo indagado por presuntas irregularidades en la tramitación de sus causas, Emilio Elgueta, se refirió en "El Mercurio" a las acusaciones en su contra.
Y si bien no quiso referirse a la persona que habría intervenido en favor del fiscal regional Emiliano Arias, según ha trascendido se trataría de un exministro del último gobierno de Michelle Bachelet.
Sus palabras rápidamente captaron la atención de otro persecutor de la región, Sergio Moya.
En conversación con el mismo medio, Moya reconoció que fue dicha respuesta la que encendió las alarmas y lo hizo pesquisar a su jefe jerárquico.
Así, la semana pasada se hizo pública la denuncia contra Arias por cuatro hechos: habría favorecido al condenado síndico Herman Chadwick en el caso Caval con un procedimiento abreviado en el que se pedían penas inferiores a lo legalmente correspondiente; habría obstruido la investigación en el caso de la Corte de la región tras demorar en revisar la solicitud de formalización de Elgueta; también habría tenido un trato preferente con un abogado; y habría filtrado información a un particular en Puerto Montt.
El nuevo "Desastre de Rancagua", ya sea por su arista referida a los miembros de Poder Judicial, o aquella a los persecutores del Ministerio Público, ha implicado la preocupación de distintas autoridades.
3Jueces de la Corte de Rancagua fueron suspendidos de sus funciones.
El pleno de la Corte Suprema suspendió a los ministros indagados; mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, convocó un consejo general de fiscales regionales para mañana a fin de definir quien indagará las denuncias contra Arias.
En tanto, la semana pasada, y por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora destinada a indagar la actuación del Ministerio de Justicia en nombramientos de los cuestionados jueces y ayer el Ejecutivo se refirió a otro tema: el nombramiento de los implicados.
La ministra vocera del Gobierno, Cecilia Pérez informó que "como Gobierno estamos estudiando el sistema por el cual se eligen, se designan, se evalúan y se controlan tanto jueces como fiscales (...) Creemos que tiene que existir eventualmente un cambio en estas designaciones, evaluaciones y controles".
Pero, ¿cómo se llevan a cabo estos procesos y de qué manera participan los Poderes del Estado?
Ministros de Apelaciones y la Suprema
Para llegar a ser un miembro de la Corte Suprema es necesaria la elección de un favorito por parte el Presidente de la República a partir de una nómina de cinco personas que propondrá el máximo tribunal y la cual será revisada por el Ministerio de Justicia, pudiendo este último "devolverla" en caso de detectar algún tipo de "error", como que uno de los candidatos se haya jubilado.
Luego la opción presidencial pasa al Senado, donde se debe adoptar acuerdo por los dos tercios de sus miembros en ejercicio en una sesión especialmente convocada.
Si la Cámara Alta no aprueba la opción de Mandatario, la Corte tendrá que completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
Por su parte, los ministros y fiscales judiciales de las cortes de Apelaciones serán designados por el Presidente a partir de una terna propuesta por la Suprema, sin que se pronuncie el Senado.
Fiscales regionales
En el caso de la elección de los persecutores, para llegar a la última etapa se requiere de la venía de miembros de los tribunales de alzada, que votan para confeccionar la terna desde donde saldrá el fiscal regional. Por ello no es difícil ver a candidatos visitando los despachos de los magistrados durante estas instancias.
El proceso formal es este: el fiscal nacional nombra a los regionales a propuesta de tres nombres de la Corte de Apelaciones respectiva, la que a su vez tendrá que escuchar la exposición de cada candidato.
En caso que en la región en cuestión exista más de un tribunal, como es el caso de la Metropolitana, la nómina será formada por un pleno conjunto de todas ellas.
En esa línea, el abogado de Elgueta, Boris Paredes, dijo hace unos días a El Mercurio algo relacionado con el tema: "El sistema de designaciones en Chile es ridículo, y desde ese punto de vista, para que alguien llegue a un puesto de ese tipo se necesitan padrinos (…) Es cosa de ver cuando se van a postular a esos cargos, hay un desfile de fiscales tratando de hablar con los jueces".
