SANTIAGO.- Las denuncias y acciones penales cruzadas entre miembros del Ministerio Público se mantienen más vivas que nunca. Ello especialmente luego que el fiscal adjunto de Rancagua, Sergio Moya, presentara un recurso de protección contra quien ordenó el allanamiento de su casa, el regional de Aysén Carlos Palma.
En total, casi diez horas duró el procedimiento encomendado a la PDI y el persecutor de La Serena Ricardo Soto por parte de quien está a cargo de investigar la causa por presunta manipulación de evidencia denominada "Operación Huracán", y que según Moya fue ilegal.
Según señala el documento de 20 páginas, a eso de las 05:30 de la madrugada del pasado 8 de mayo, Soto y los policías llegaron hasta el inmueble donde él, su esposa y su hijo de 12 años, se encontraban durmiendo. Tras recibirlos, le indicaron que contaban con una orden verbal de entrada, registro e incautación impartida por la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García.
Al rato, sostuvo, el fiscal de La Serena le explicó que la diligencia se debía, en concreto, al correo electrónico anónimo que entregó la abogada de uno de los imputados en el caso Huracán -y quien es pareja del regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a quien Moya denunció por una serie de hechos que derivaron en su suspensión-, el cual daba a entender que Moya alertó a los carabineros de la Unidad de Inteligencia -hoy formalizados- por el caso de un allanamiento que se haría en las oficinas donde operaban.
Así, Moya criticó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua la exhaustiva revisión, la cual incluyó, según este mismo dijo, la habitación de su esposa, incluida su ropa íntima y los muebles donde guarda objetos personales y medicamentos oncológicos -ya que se encuentra en un tratamiento por cáncer-, puesto que se buscaba un archivo electrónico.
"Todo este despliegue e invasión de la intimidad de mi familia y mía, mediante un ingreso cuando aún era de noche, sin previa solicitud de entrega, para buscar un archivo electrónico, es decir, evidencia a la que se accede a través de vías electrónicas, como internet o la revisión de un servidor de correo electrónico", señala el documento, donde también se alega la filtración de la diligencia a la prensa.
La orden de entrada
Luego de exponer los hechos, Moya aseguró al tribunal de alzada que desde aquel 8 de mayo, ha requerido la exhibición de la orden de entrada, registro e incautación invocada a fin de saber qué facultades se otorgaron a los policías, sin tener respuesta alguna.
"He sido fiscal del Ministerio Público durante más de 18 años, pero jamás he visto una diligencia realizada de esta forma, descerrajando el portón de condominio, a esas horas de la madrugada, afectando psicológicamente a mis hijos, y psicológica y físicamente a mi esposa".
Sergio Moya en el recurso de protección.
"(Se realizó) una medida intrusiva que consistió en ingresar forzadamente a mi hogar, de noche, en presencia de mi hijo menor de edad y mi cónyuge gravemente enferma (...) incautando sin orden previa soportes informáticos que contienen nuestra correspondencia electrónica, fotos de todos los miembros de la familia. Incluso han expuesto la salud de mi cónyuge, al incautar soportes que contienen información de contacto del equipo médico tratante".
Detalló así que en los soportes incautados se encontraban videos e imágenes familiares, por lo que se "expone nuestra intimidad al conocimiento de todos los intervinientes de la causa de manera carente de toda justificación", precisando que entre éstos "se encuentran, incluso algunas personas a quienes me correspondió perseguir penalmente (...) sobre conductas terroristas"
Contra Palma
Moya aseguró además que, a su juicio, Palma debió ir en persona a desarrollar la diligencia, ya que "en su lugar envió a un fiscal de la IV Región sin mayor experiencia según lo que pude apreciar, y así ese habrían evitado diversas complicaciones que se fueron generando".
"Aquello, además de constituir una falta administrativa al no dirigir personalmente una diligencia de esta envergadura, revela una falta de acuciosidad profesional que puso en riesgo otras investigaciones a las que me encontraba avocado".
Esto último, refiere a la evidencia que Moya mantenía en su domicilio -entre discos duros y teléfonos- pertenecientes a la causa llevada contra ministros de la Corte de Rancagua, que el fiscal nacional, Jorge Abbott, terminó por quitar a Moya.
"He sido fiscal del Ministerio Público durante más de 18 años, pero jamás he visto una diligencia realizada de esta forma, descerrajando el portón de condominio, a esas horas de la madrugada, afectando psicológicamente a mis hijos, y psicológica y físicamente a mi esposa que se encuentra en quimioterapia, todos quienes a esa hora dormían", acusó.
En el recurso, Moya aseguró que Abbott debió designar previamente a un fiscal regional que dirigiera la investigación en cuestión -por el correo- y que dicha resolución debía ser, además, previa a la diligencia.
"El recurrido fiscal regional Carlos Palma Guerra dispuso la realización de una diligencia dirigida contra un fiscal adjunto sin encontrarse legalmente habilitado para ello".
Sergio Moya en el recurso de protección.
"El recurrido fiscal regional Carlos Palma Guerra dispuso la realización de una diligencia dirigida contra un fiscal adjunto sin encontrarse legalmente habilitado para ello, atendido que no fue designado (...) En consecuencia, su actuar ha sido manifiestamente ilegal".
El fiscal de Rancagua pidió así declarar admisible el recurso y declarar ilegal y arbitraria la diligencia, ordenándose la devolución inmediata de las especies incautadas; además de prohibir la extracción de todos los archivos contenidos en las especies decomisadas al igual que la entrega de copia de la información a persona alguna y la divulgación pública o privada de todos los archivos en cuestión.
