Un escrito dirigido a la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, presentarán los diputados de RN Camila Flores y de la UDI, Juan Antonio Coloma, para que se pronuncie sobre el actuar de la Contraloría General de la República, por la investigación que lleva adelante contra Carabineros por actuaciones de la policía uniformada durante el estallido social.
Según señalan en el documento, "es menester destacar que en Chile, hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República, en contra de altos mandos de las fuerzas policiales de nuestro país, exigiéndosele responsabilidad administrativa a dichos funcionarios, por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social, donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente, y que se sostuvo por varias semanas".
"Hechos por lo demás, que se encuentran en investigación por el órgano persecutor chileno, quienes ejercen la acción penal y persiguen las responsabilidades penales de quienes han transgredido el ordenamiento jurídico", agregan.
Según los parlamentarios, "la actuación de la Contraloría General de la República,constituye un actuar inusual, que es lejana a su expertis, y de la que no podemos anticipar las consecuencias para el devenir de nuestra institución policial. Con todo, queremos dejar en claro que respetamos la institucionalidad de la Contraloría General de la República, y reconocemos la tremenda labor que cumple es pos del resguardo de la legalidad y transparencia y la función pública".
"Sin embargo, creemos que dicha actuación debe ser siempre imparcial,aplicando el control de legalidad de forma estricta e igualitaria a todos quienes se encuentran bajo su vigilancia", acotan los diputados en el texto que está catalogado como materia de "imparcialidad en el ejercicio de funciones".
Además, en el texto recalcan que "es importante para las democracias que las Contralorías Generales no se transformen en herramientas ideológicas de ciertos sectores políticos, y que a pesar de poder actuar dentro de la esfera de competencias que la ley y el ordenamiento jurídico le han conferido, lo hagan con objetividad, sin dar concesiones o un trato indulgente a quienes resultan afines a sus ideas político-partidistas, mientras como contrapartida hacen valer todo el peso de la ley en quienes resultan contrarios a estas".
Al respecto, la diputada Flores señaló que "desde nuestro punto de vista, esta acción (de la Contraloría) está absolutamente fuera del margen de acción de Contraloría, creemos que el contralor se está excediendo de sus facultades legales, porque la Contraloría y los órganos fiscalizadores lo que tienen facultades para revisar la legalidad de los actos administrativos, pero no para la revisión de actos menos de una institución que tiene el control del orden público (...) No podemos permitir que un órgano sea politizado, tenga un sesgo".
"Tenemos que evitar por todos los medios que la Contraloría General se transforme en una herramienta con fines políticos y que termine representando sólo los intereses de quienes la dirigen. Lamentablemente, creemos que con este acto el organismo fiscalizador cayó en una arbitrariedad que puede tener graves consecuencias a futuro", complementó el diputado Coloma.
Gobierno toma distancia
Consultado respecto a la acción de los diputados, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó que "lo que corresponde es que las instituciones funcionen. Hoy lo que existe es un sumario administrativo que está llevado por la Contraloría General de la República, recién estamos en las etapas iniciales de ese sumario administrativo, se han formulado cargos a determinados generales de Carabineros, y lo que corresponde es que esas personas hagan sus descargados".
En esa línea, Galli enfatizó que "yo estoy seguro que con los descargados que hagan los generales ante la Contraloría se van a desvirtuar la formulación de los cargos que se les hicieron, porque además se va a entender que con posterioridad al 18 de octubre el nivel de exigencia a la que sometimos a nuestras policías para contener y mantener y resguardar el orden público, dieron cuenta de una situación extraordinaria, tan excepcional que dio lugar nueve días de un estado de excepción de emergencia".
Según el subsecretario del Interior, "lo que hay que hacer es esperar que se formulen los descargados frente al procedimiento sumarial y que se resuelva conforme a derecho (...) que el sumario avance conforme al procedimiento que existe y son los tribunales de justicias, en caso de que se realice algún tipo de acción judicial, y será la Contraloría la que apreciará los descargos que presenten los afectados".
"Yo no me voy a manifestar respecto de anuncios, una vez que las acciones se presenten por parte de las distintas instituciones, se evaluará dependiendo de los argumentos que allí presenten", remató Galli.
