Una querella criminal por fraude al fisco interpuso este viernes el
Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el marco del denominado caso
Democracia Viva, acción judicial dirigida en contra del representante legal de la fundación -y ex pareja de la diputada Catalina Pérez-, Daniel Andrade, y del ex seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras.
Esto, luego que ayer se conociera el resultado de la investigación de la Contaloría General de la República sobre los contratos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, hecho "matriz" del Caso Convenios.
El
presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, señaló ayer viernes que "estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco".
"La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal", subrayó Letelier.
La acción del CDE causó reacciones de inmediato. El presidente de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados que investiga el Caso Convenios, José Miguel Castro (RN), valoró la decisión e instó a que el organismo presente más acciones judiciales contra todas las fundaciones que han sido objetadas por Contraloría.
"Lo dijimos desde un principio, que se debían querellar contra las personas que resultaran implicados, en este caso el ex seremi de Vivienda y el representante de Democracia Viva, pero esperamos también que el Consejo de Defensa del Estado actúe con todas las demás fundaciones que están presentando problemas", manifestó Castro.
En la misma línea, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, comentó que "el Consejo de Defensa del Estado tiene que avanzar en todas las querellas que sean pertinentes, justamente para darle tranquilidad a los chilenos de que los recursos fiscales se administran adecuadamente y el gobierno entregar todos los antecedentes posibles, facilitar la investigación y también tomar decisiones que siempre son difíciles, pero no podemos hacer que esta responsabilidad la asuma simplemente los mandos medios y el hilo se corte siempre por lo más delgado".
Por su parte, el senador Gastón Saavedra (PS) comentó que "las responsabilidades penales son individuales, es decir, el señor Contreras en tanto seremi, quien asignó recursos a Democracia Viva, y el señor Andrade, que encabezada esta fundación, tienen responsabilidades penales en esto", y agregó que "las relaciones de parentesco que existían en ese minuto, permitían la influencia necesaria para que esto se consolidara como un cuadro de defraudación y asignación fraudulenta de recursos a esta organización".
"De este cuadro se deslinda el ministro (Carlos Montes), quien representa el Estado en esto, y por lo tanto, tiene que hacerse parte de esta querella en contra de aquellos que intentaron defraudar al Estado", cerró.
Quien también abordó el tema fue el diputado de la Región de Antofagasta, Jaime Araya (Ind-PPD), y señaló que era "muy importante" que el CDE presentara la querella en el caso Democracia Viva, "con esto, queda en claro que no eran simples desprolijidades o simple irregularidades, sino que derechamente es delito de fraude al fisco el que se ha cometido".
Agregó que "nos parece que en esto hay que ser implacable en combatir la corrupción y valoramos muchísimo que haya sido el CDE el que presenta la querella que propone dirigencia y que va a ser fiero en la persecución penal de los delincuentes que hayan defraudado el patrimonio fiscal".
En tanto, la diputada por la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, comentó que esto da la base y el sustento "para darnos cuenta de que efectivamente aquí hay un robo al fisco, efectivamente se vio que había una organización para defraudar al fisco, y nos da sustento para lo que hoy estamos investigando, que hay casos muy parecidos en otras regiones, por lo cual, estamos dentro de un acto reiterativo de buscar defraudar al fisco".
"Creo que esto hace con mayor razón sentido a esta comisión investigadora, y por otra vía, lo que se debe tomar en cuenta es el modus operandi, ocurrió algo gravísimo con estos recursos, porque se hicieron contratos a personas que estaban trabajando en el Serviu, pero contratadas con los recursos de las fundaciones, algo de todas maneras fuera de la ley, y lo peor, es que quienes estaban a cargo, autorizaron esto", subrayó.
