Rechazo generalizado causó en la oposición el anuncio del Gobierno de vetar la ley de usurpaciones, cuyo proyecto fue aprobado y despachado el 30 de agosto por el Congreso.
Según detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá, el recurso presidencial contempla 10 observaciones, las que estarán enfocadas en tres puntos específicos: la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones y los instrumentos que tienen los propietarios para pedir la restitución de sus inmuebles.
Decisión que generó fuertes críticas en Chile Vamos y el Partido Republicano, donde estiman que, con este veto, el Gobierno fue más allá de lo que había comunicado en un principio, dificultando aún más la tramitación en el Parlamento.
Por ejemplo, la bancada de diputados de Renovación Nacional envió una carta al Mandatario en la que recalcó que el proyecto fue despachado "producto del alto nivel de acuerdo", por lo que "nos sorprende la decisión presidencial de formular observaciones al proyecto".
"Resulta desconcertante la forma en que se gestó este veto y las presiones formuladas desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, presiones a las cuales sucumbió S.E. y que persisten en socavar la agenda de seguridad y contravenir la voluntad de una mayoría de los chilenos que se vio claramente reflejada en el trámite legislativo del proyecto", enfatizó la bancada.
Asimismo, cuestionó que en el veto no se consideraran las peticiones realizadas por su sector durante los diálogos con el Ejecutivo. "La buena fe mostrada por esta bancada tuvo como respuesta una fórmula presidencial que en nada acoge los requerimientos formulados por la oposición y que se rinde frente a las presiones de sectores minoritarios y que tradicionalmente han obstaculizado toda medida destinada a hacer frente a la delincuencia. El Partido Comunista y el Frente Amplio parecen tener control de la agenda gubernamental en desmedro de una gran mayoría de los chilenos que demanda de esta Administración algo más que acciones destinadas a administrar los conflictos políticos internos del oficialismo", apuntó.
Junto con esto, los diputados RN tildaron de "sumamente preocupante que el Jefe de Estado prefiera pacificar su coalición que dar férrea respuesta a la delincuencia y sintonizar con la gran mayoría de los chilenos", y que "sorprende que el Presidente de la República y el oficialismo enfrentaran este veto como si se tratase de un trámite legislativo más, sin comprender que a pesar de tener fuente constitucional, el veto es por cierto la herramienta más reñida con el principio democrático, cuestión que se potencia sustantivamente cuando las observaciones del Presidente de la República se refieren a aspectos de fondo o de mérito en las cuales se había impuesto originalmente una mayoría parlamentaria".
"Lo ocurrido con este veto quiebra ciertamente las confianzas y deja de manifiesto la real voluntad del Gobierno y del Presidente de la República por alcanzar acuerdos. De cualquier forma, más allá de la molestia y de la ruptura las confianzas, parece complejo visualizar como en el futuro el gobierno y la alianza oficialista buscarán dejar sin efecto la voluntad del Congreso Nacional mediante el ejercicio del veto, cuestión que de persistir y de hacerse una costumbre terminará fracturando nuestro régimen democrático", concluyó la bancada RN.
Interpelación a Tohá
Pese a esta misiva, el diputado de la misma tienda, Andrés Celis, informó que buscará ir más allá e iniciar una interpelación en contra de la ministra Tohá.
"El veto del Gobierno del presidente Boric es de verdad una burla a todas las personas y al esfuerzo de años por tener su propiedad. Aquí hay que ponerle un freno a la mafia de las tomas y no avalarlas como hace este Gobierno. Aquí la ministra del Interior, Carolina Tohá, tiene que dar explicaciones. Sus argumentos son una vergüenza. Aquí no basta con una cartita al Presidente y una pataleta, sino que a la ministra del Interior hay que interpelarla y es lo que yo personalmente voy a impulsar", comenzó señalando el legislador RN.
De acuerdo al diputado, "aquí no hay que ser tibios en defender el derecho a la propiedad de las personas y a su seguridad. Aquí debemos y tenemos que tener claro que está en juego el derecho de las personas a vivir en tranquilidad y el Gobierno está jugando de una manera cobarde en contra, y por eso es que la ministra Tohá debe dar explicaciones a todos los chilenos y nosotros como oposición tenemos que defender férreamente a las personas, no basta con tecnicismos jurídicos".
Desde el Partido Republicano, quien cuestionó la determinación del Ejecutivo fue la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena. A su juicio, "el Gobierno ha demostrado una vez más que le tiembla la mano frente al crimen organizado y le da la espalda a los ciudadanos honestos y víctimas de este delito"
"Con la aprobación de la ley de usurpaciones, los chilenos por fin habían abrigado cierto grado de esperanza de que se podría enfrentar con mejores herramientas al crimen organizado, pero este veto ingresado hoy, entre gallos y medianoche, es una nueva bofetada del Ejecutivo a los chilenos honestos y a las víctimas de estos delitos. Una vez más a La Moneda le tiembla la mano frente a los delincuentes, dejando en el desamparo a quienes padecen la inseguridad que se vive a diario en el país", sostuvo.
En tanto, el diputado Stephan Schubert (Ind-Republicano) subrayó que "el Gobierno del Presidente Boric está dando una pésima señal con el veto a la ley de usurpaciones. Lo que está haciendo acá, al rebajar las penas y al quitarle dientes a una ley que es indispensable para la tranquilidad del país y en particular de la zona sur de Chile, es favorecer a los grupos violentistas. Aquí lo que ha quedado manifiesto es que el Gobierno decidió, tomó una decisión. Ellos están no por defender la propiedad, no por las víctimas, sino que por los victimarios".
El gobernador regional por La Araucanía, Luciano Rivas (Ind-EVO), también manifestó sus reparos por la determinación del Gobierno y afirmó que "las usurpaciones pacificas no existen. Vemos que el Gobierno al ingresar este veto está cediendo hoy día a los grupos de presión mas violentos que están actuando en nuestra zona, principalmente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Se nos dijo que el veto iba solamente por la línea de la defensa privilegiada, pero estamos viendo que está yendo mucho más allá. Lamentamos que el Gobierno esté dándole la espalda hoy día a las víctimas de la violencia, a quienes sufren las usurpaciones día a día aquí en la Región de La Araucanía".
Mirada similar a la señalada por el subjefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán: "Finalmente, el Gobierno se puso del lado incorrecto de la historia, y decidió escuchar a los terroristas, a la CAM y al Partido Comunista. Vetó una ley que permitiría recuperar propiedades tomadas, desincentivar las usurpaciones y proteger a los propietarios. El Gobierno del Presidente Boric y la ministra Tohá es responsable de quitarle herramientas a los propietarios, y quitarle la oportunidad de justicia a quienes se les han quitado sus propiedades. Parece que este Gobierno no cree, no respeta ni protege la propiedad privada".
Por último, la diputada del PDG, Karen Medina, resaltó que "el Gobierno no haya vetado la ley completa ya es un avance, lo que hoy día nos permite seguir discutiendo y no volver a fojas cero, que era una tremenda preocupación para mí como parlamentaria. Por lo tanto, vamos a analizar, vamos a revisar las indicaciones puestas por el Ejecutivo. Sé que la preocupación es la autotutela y que en esto también va a haber un cambio, pero debemos confiar en que todo debe quedar en manos de nuestras policías, que es lo que corresponde, el conducto son las personas preparadas para atacar este tipo de delitos y, que además, se va a mantener flagrancia en todo el período que se mantenga la ocupación ilegítima. Por lo tanto, ya esos son puntos tremendos para poder avanzar en lo que hoy tenemos".
