Una serie de cuestionamientos al Gobierno abrió el caso de la detención de sujetos de nacionalidad colombiana y venezolana en barrio Franklin. El hecho ocurrió el pasado viernes, en medio de un control policial a los que los sujetos se resistieron y golpearon a personal de Carabineros.
Esa misma jornada, el
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que solicitó la expulsión de dos colombianos detenidos, no obstante, ayer, luego de una serie de versiones de prensa, se abrió un enredo y varios cuestionamientos en torno a este anuncio.
Primero, se afirmó que los sujetos no estaban ubicables, lo que fue tajantemente desmentido esta mañana por el propio Monsalve. Sin embargo, otro foco de críticas apunta al anuncio que hizo el Gobierno sobre expulsar a los sujetos, cuando, en concreto, hay una serie de pasos judiciales previos que se deben respetar para que esa medida se concrete.
La trama judicial
Los sujetos fueron formalizados el pasado 22 de julio, por amenazas a carabineros y atentados. Pese a que la Fiscalía y los querellantes, entre ellos, el Gobierno, solicitaron la prisión preventiva, pero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago les otorgó arresto domiciliario y arraigo nacional.
El subsecretario explicó esta mañana, en conversación con Radio Cooperativa, que "a todos los que han afirmado que nadie sabe donde están (los sujetos) es falso. Yo dicté, de manera extraordinaria, a través de una facultad, una resolución de expulsión por razones de seguridad, y la PDI los fue a notificar y los encontró y notificó, el 23 y 24 (de julio)".
En tanto, anoche -y debido a que tienen arresto domiciliario nocturno-, Carabineros llegó a su domicilio "
y ahí estaban, cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno".
¿Qué impide entonces la expulsión de los sujetos que anunció La Moneda? El subsecretario aclaró que "sólo me impide en estos momentos que hay un proceso judicial, y un juez decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, por lo tanto, yo no puedo ejecutar esta facultad, porque estoy impedido por la resolución de la justicia".
"¿Nos gusta?, no nos gusta. Porque nosotros nos querellamos en este caos, fuimos al juicio para pedir prisión preventiva. Si es que no nos van a dejar expulsarlos de manera inmediata, ellos deberían estar en prisión, desde nuestra perspectiva, del Gobierno, ellos son una amenaza para la seguridad de la sociedad, por lo tanto, deberían estar en la cárcel", zanjó.
Esto, sin descartar que debido a que su arresto es sólo nocturno, "podrían eventualmente fugarse, y creemos que eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo y apelamos a esa resolución (al arresto nocturno y arraigo)".
Con todo, Monsalve recordó que el pasado 13 de mayo el Gobierno ingresó un proyecto de ley -que tiene suma urgencia y que está en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados- para tener más facultades en torno a la expulsión.
"Debiera quedar como lección"
Desde el oficialismo hubo lecturas divergentes en torno a los dichos del subsecretario Monsalve tras la detención de los sujetos en Franklin. Algunos apuntaron a que este tipo de anuncios -de expulsión- deberían moderarse, y el episodio debería "quedar como lección". Otros, ponen el foco en la necesidad de agilizar el proyecto para que el Estado tenga posibilidad de acelerar expulsiones y que se cuente con ayuda internacional.
El diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), fue tajante al señalar que lo que ocurrió "es grave. porque nos deja expuestos y cuestiona nuestras capacidades". Al mismo tiempo, "esto evidencia la necesidad de imprimirle más velocidad a la tramitación del proyecto que regula de mejor forma esta facultad de la subsecretaría del Interior, que está en la Comisión de Gobierno, hay que avanzar decididamente en esa materia.
"La subsecretaría del Interior tiene que entender que si hay etapas complejas, no se puede caer en la tentación populista de decir que un proceso complicado se llevará a efecto como un acto de magia, ojalá no sigan ocurriendo estos chascarros, porque la crisis de seguridad es real, no es una pelicula".
Jaime Araya, diputado Ind-PPD
Pero de paso, evaluó que "
debiera quedar como lección la necesidad de mayor sobriedad en el lenguaje del subsecretario Monsalve, el tono hollywoodense que usa no se condice con estos papelones, a veces hay que hacer más y hablar menos, ojalá no aparezcamos en noticiarios de otros países, porque este tipo de incompetencia, puede alentar a otros infractores a venirse a Chile, porque aquí, se hizo el ridículo".
"La subsecretaría del Interior tiene que entender que si hay etapas complejas, no se puede caer en la tentación populista de decir que un proceso complicado se llevará a efecto como un acto de magia, ojalá no sigan ocurriendo estos chascarros, porque la crisis de seguridad es real, no es una pelicula", añadió.
Un tono más moderado usó la diputada Lorena Fríes (FA), quien planteó que lo importante es que en estos procedimientos, que son administrativos, "lo que uno tiene que garantizar es que efectivamente el Estado tenga el derecho de expulsar a aquellos que no cumplen o que delinquen o que tienen antecedentes".
Esto, de la mano "con los derechos de aquellos que no están en esa situación, me refiero a personas migrantes, y que frente a una expulsión administrativa tienen que poder ejercer los recursos de defensa y enarbolar los argumentos que podrían hacer que ese decreto o esa posibilidad de expulsión se cancele. Me parece que eso es lo importante, lo vamos a analizar una vez que ingrese".
Asimismo, apuntó a que estas expulsiones ocurren a través de vuelos comerciales, "lo que limita mucho la posibilidad", por lo que se require que organismos multilaterales y regionales colaboren y aborden el tema.
El diputado Raúl Leiva (PS), por su parte, dijo que "este caso está inserto dentro de un proceso judicial, donde el Ministerio del Interior es querellante (...) Actualmente, por decisión judicial y tienen la cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado por el tribunal".
"Al estar judicializado esta materia, es el tribunal quien únicamente controla esta cautelar y puede conocer el paradero de los formalizados, no le corresponde al Ejecutivo. Las policías no tienen la obligación de informar los resultados del control en una causa criminal que solo corresponde al tribunal", sostuvo.
"Una falta de gestión evidente"
Desde la oposición, en tanto, acusaron de "falta de gestión" del Gobierno, y otros abogan porque el criterio de expulsión inmediata de todo extranjero que sea sorprendido cometiendo un delito, se concrete rápidamente, a través de una ley.
El diputado Henry Leal (UDI), comentó que "la responsabilidad de concretar las expulsiones administrativas es exclusivamente del Gobierno y radica en el Ministerio del Interior. El Gobierno hizo un compromiso ante los ciudadanos chilenos, ante una turba de delincuentes extranjeros que atacaban a Carabineros, se comprometió a expulsarlos. Eso nunca ocurrió ¿Y quién se hace cargo?".
"En el fondo aquí hay una falta de gestión evidente. Siempre el Gobierno está buscando una justificación o una explicación. Ya son dos años y medio de gobierno, ya no pueden seguir dando explicaciones", acusó.
"En el fondo aquí hay una falta de gestión evidente. Siempre el Gobierno está buscando una justificación o una explicación. Ya son dos años y medio de gobierno, ya no pueden seguir dando explicaciones".
Henry Leal, diputado UDI
Desde RN, el diputado Andrés Longton, tildó como "una buena noticia" que se haya confirmado que los extranjeros que agredieron a carabineros estaban en su domicilio. "Sin embargo, esto es insuficiente, considerando que constantemente vemos como extranjeros ilegales que cometen delitos vulneran los arrestos domiciliarios o el arraigo nacional se escapan del país o bien directamente no son encontrados porque tienen identidades falsas".
"Estas personas que pueden tener un nutrido prontuario delictual deben quedar en prisión preventiva, como lo establecimos en el Congreso a través del Criterio Valencia, que próximamente va a ser ley de la República. Quien no tenga su identidad, quien entró de manera ilegal en el país y cometa un delito, debe quedar en prisión preventiva, sobre todo mientras se tramita su expulsión del país", subrayó.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouannett, comentó que este caso daría cuenta "del problema que tiene el Gobierno de no entender el fondo y la raíz de este problema del crimen organizado y la delincuencia, las incivilidades y toda la ilegalidad que permanentemente está en nuestras calles".
"Lo que hay que hacer, es que a un extranjero que está ilegal en Chile, que cometa algún tipo de delito, tiene que ser inmediatamente expulsado, y no esperar. Y para eso, el Gobierno tiene que tramitar una ley para expulsión inmediata de aquellos extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito".
