El retiro de "todo el personal diplomático" de siete países de la región, incluyendo a Chile, y a su vez, la salida de los representantes de esas naciones de territorio venezolano. Esa fue la última de las acciones que tomó el régimen de Nicolás Maduro, luego que algunos gobiernos desconocieran los resultados de las elecciones que, presuntamente, le dieron la victoria con un 51,20% de los votos.
Así, ayer se retiró el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, de la sede de la embajada, ubicada en Providencia, no sin antes enviar un tajante mensaje: "muera el facismo", vociferó.
En tanto, desde Chile, el
canciller Alberto Van Klaveren calificó anoche la decisión -en conversación con CNN- como "lamentable e inédita", que "revela el aislamiento que tiene el gobierno venezolano". Asimismo, comentó que la medida es propia de un "régimen dictatorial", dichos que fueron respaldados hoy por el Presidente Gabriel Boric, eso sí,
descartó que se vayan a romper relaciones diplomáticas.
Lo anterior significa que pese a que no hay personal a cargo de las embajadas, las relaciones diplomáticas, al no estar rotas, quedan a cargo directo de los Estados; no sin una serie de complejidades e implicancias paras los ciudadanos.
Con la decisión de Venezuela de expulsar a todo el personal diplomático, deberían retornar todos los cargos en un plazo que se habría fijado en 72 horas: tanto el del
embajador Jaime Gazmuri -quien actúa en representación del Presidente Boric en es país-, como aquellos administrativos y agregados. Ayer, la
canciller (s) Gloria de la Fuente, dijo que se espera que los miembros diplomáticos chilenos
embarquen "antes del viernes".
Fuentes conocedoras de estos procesos comentan a Emol que al menos, todos quienes tengan un cargo diplomático, deberán abandonar Caracas, pero hay dudas sobre lo que ocurrirá con el personal de la embajada contratado localmente; es decir, tanto chilenos residentes o venezolanos que trabajan como contadores, servicio de aseo, entre otros. Ellos, no tendrían que abandonar ese país.
Sobre ese punto, y por las dudas que se abren para los cerca de 15 mil connacionales que viven en Venezuela y las atenciones consulares que puedan necesitar, De la Fuente precisó ayer que podrán seguir contando con asistencia, pues allá permanecerán las personas con contratos locales: "un equipo mínimo, que no es el equipo diplomático, pero funcionando".
Otro aspecto que queda por resolverse es qué país se quedaría a cargo, -en caso de agudizarse la trama-, de los recintos diplomáticos. Usualmente, los países involucrados solicitan que otras naciones "amigas" puedan tomar ese rol, de modo que los ciudadanos residentes puedan continuar realizando sus tramitaciones.
La embajada de Chile en Venezuela está liderada por el embajador Jaime Gazmuri (PS), quien asumió en el cargo en mayo de 2023, luego de seis años de ausencia de un representante diplomático en ese país. El último había sido Pedro Felipe Ramírez en 2017, bajo el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
En tanto, Miguel Meneses Swaneck, es el encargado de negocios; y Javiera Villarroel Véliz es la tercera secretaria.
También hay agregadurías. En la civil, está ProChile -la Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile- que entre sus objetivos, está incrementar el valor de número de los bienes y servicios exportados; el aumento de empresas exportadoras, especialmente pequeñas y medianas; y diversificación de los mercados de destino.
En el caso de la agregaduría militar, está a cargo del coronel Miguel Pérez Rodríguez, quien es concurrente desde Ecuador. Entre sus tareas, está asesorar al Jefe de la Misión Diplomática en el área de competencia técnico-profesional referente a la Defensa: actuar como Oficial de enlace entre la FF. AA. de Chile y Venezuela; y aportar vínculos de apoyo con las autoridades locales y las eventuales visitas de representantes de las FF.AA. de Chile al país.
Pero también hay agregados de la Policía de Investigaciones (PDI). En el caso de Venezuela, hay detectives desde 2016. Estos agregados están destinados a coordinar las relaciones en esta materia, y en el ámbito de la cooperación y colaboración vía Interpol, también se dedican a intercambiar información. Colaboran en caso de lucha contra el crimen organizado, inmigración ilegal, entre otros fenómenos.
Además, están los consulados, que en el caso de Venezuela, están en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Porlamar, Valencia y Curazao. El cónsul general es Roberto Araos; además hay dos cónsules adjuntos. Esto, junto con una persona que oficia como canciller (Sandra Sánchez Briones); siete secretarios de labores generales, funcionarios de planta SAG-Minrel, y un encargado de Asuntos Administrativos.
¿Cese de todos los funcionarios?
El exembajador y analista político de la Universidad Central, Samuel Fernández, comenta que pese a este escenario, no se han roto las relaciones diplomáticas de Chile con Venezuela, "porque pueden mantenerse de Estado a Estado", sin embargo, "no hay ningún representante que las puede ejercer. Le dijeron que se fueran todos".}
Esto implica que "
todo el personal extranjero o chileno que está acreditado en esa embajada, cesa automáticamente en su función. Si son venezolanos y han sido contratados, volverán a la vida normal y se quedarán en Venezuela, y si son chilenos, salieron a la velocidad que ya sabemos para poder dejar el lugar. Con un detalle importante. Hasta ahora, hasta ahora, no hay ninguna manifestación de que se haya roto relación".
En tanto, el exembajador Gabriel Gaspar, comenta que, a su juicio, la situación es "confusa, porque es inédita", pero remarca que lo que sí está claro es que "nosotros no tenemos una ruptura de relaciones, porque no ha sido declarado así. Lo que hay es una invitación a que abandonen el territorio los ciudadanos diplomáticos chilenos".
Ahora, hay dudas de lo que podría ocurrir con personal administrativo, como secretarias, personal de limpieza, custodios, algunos profesionales, inclusive como el contador, el administrador, que son generalmente ciudadanos chilenos residentes o venezolanos que trabajan para las embajadas chilenas. "Ahí viene la vaguedad del documento, porque los decretos del gobierno venezolano no especifican estos casos", añade Gaspar.
Un tercer país "a cargo"
Fernández precisa que si la relación de Estado a Estado se mantiene, o incluso, si existiera esa ruptura -descartada hasta ahora por el Gobierno del Presidente Gabriel Bori, "hay un tercer país que debería quedar encargado de los intereses chilenos en Venezuela, o intereses venezolanos en Chile".
Esto, para proteger, por ejemplo, las propiedades, los muebles, archivos, etc., pues se trata de elementos que "no pueden ser confiscados", y de paso, se intenta evitar asalto a las embajadas, o roban de archivos, computadores, o la revisión de la información que hay al interior.
En la misma línea, Gaspar recuerda el caso en que la policía ecuatoriana "invadió la embajada de México y sacó a un asilado que estaba allí, hubo una inmediata reacción del gobierno mexicano y ellos nombraron al gobierno suizo, y en concreto la Embajada de Suiza, en Quito, para hacerse cargo de los asuntos mexicanos".
