La expansión de las ocupaciones ilegales e irregulares en propiedad fiscal se ha agudizado en el país, en medio del déficit de vivienda y "loteos" a cargo de bandas que comercializan terrenos, pese a no contar con ninguna atribución sobre estos. A esta realidad se agrega la "imposibilidad de realizar todas las fiscalizaciones requeridas por falta de recursos", según admite un informe del Ministerio de Bienes Nacionales de julio pasado, presentado en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso. Este documento detalla que el fisco figura como propietario del 54,75% del territorio del país, equivalente a 41.397.778 ha, de las cuales 25.124.526 permanecen bajo tutela de la cartera. "Frente a este escenario, es necesario informar que el ministerio cuenta sólo con 55 fiscalizadores en el país y 16 drones asociados a la labor fiscalizadora, además de recursos limitados de transporte terrestre para efectuar las inspecciones que se requieren".
