El 6 de noviembre vence el plazo entregado por la Corte Suprema para que se efectúe el desalojo completo de los terrenos ocupados ilegalmente entre los cerros La Virgen y Centinela, en San Antonio, Región de Valparaíso. Conocida como la "megatoma", alberga a 9.887 habitantes, quienes esperan que el Ejecutivo les entregue una solución diferente a la de la justicia.
Desde el Ministerio de Vivienda proponen que las personas que residen en la toma de San Antonio, se organicen bajo la fórmula de cooperativas, explicó El Mercurio, mediante las que podrán adquirir los lotes de terreno de 210 hectáreas del propietario privado usurpado, para luego ingresar a programas que regularicen su urbanización.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno levantó las advertencias de diversos urbanistas, quienes explicaron que esta solución podría generar precedentes negativos.
Lo anterior, ya que la situación está siendo "observado por miles de personas en situación de déficit en Chile y lo que ocurra finalmente marcará un precedente en la política pública de acceso a la vivienda", advirtió el arquitecto Sergio Baeriswyl, quien además es ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y premio nacional de Urbanismo.
Lo delicado, explicó a El Mercurio, es que "si se insiste en beneficiar a esta toma en particular, todos los campamentos del país exigirán el derecho de un mismo trato por el Estado", lo que "debilita los conductos regulares y transforma las tomas en el mejor y más rápido sistema de acceso a la vivienda", dice.
El investigador asociado del Cedeus, Javier Ruiz-Tagle, comentó que "estas intervenciones vienen a dar un incentivo perverso para que más gente se tome terrenos", ya que en el sistema de cooperativas el dinero para comprar los terrenos "proviene mayoritariamente del Estado. No es simplemente el Estado para la responsabilidad a la gente, sino que las cooperativas cofinancian esa compra, pero la mayor cantidad de plata viene desde el Estado".
Consultado el Ministerio de Vivienda, la delegada ministerial de la cartera para el campamento San Antonio, Gloria Maira, expresó que es "fundamental comprender que el caso del megacampamento de San Antonio es particular, dado que existen casi 4 mil familias que habitan en este sector y hay una orden de desalojo por parte de la justicia".
De esta manera, aclaró que "como Ministerio estamos buscando alternativas, porque hemos sido claros en señalar que el Estado no comprará los terrenos".
En este contexto, "una de las alternativas que hemos planteado es que sean los pobladores y pobladoras quienes, a través de cooperativas u otro tipo de organización, adquieran un terreno".
"Esto no es un camino corto ni un incentivo a seguir tomándose terrenos. Más bien, se basa en la corresponsabilidad, donde los pobladores deben autogestionar y ayudarse mutuamente para comprar el suelo y desarrollar un proyecto habitacional, mientras que el Estado realiza las obras propias para integrar los barrios a la ciudad", acotó.
