El Ministerio Público, el Gobierno y, ahora también, parlamentarios, están buscando medidas para enfrentar la creciente ola de filtraciones de casos de alto interés público, como el de la investigación al ex subsecretario Manuel Monsalve, la causa en contra del abogado Luis Hermosilla y la indagatoria contra el exfutbolista Jorge Valdivia.
Estos casos, que captan gran atención de la ciudadanía, plantean el desafío de proteger la reserva de las investigaciones. Aunque las filtraciones no son un fenómeno nuevo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió que la situación ha alcanzado un punto “crítico”.
Según Valencia, es urgente adoptar medidas más efectivas para proteger las investigaciones. En este sentido, a principios de diciembre, el jefe del Ministerio Público envió un oficio al Ministerio de Justicia en el que detalló las acciones que su organismo está implementando para frenar las filtraciones. Además, en ese mismo documento, propuso una serie de medidas legislativas para hacer frente a esta crisis.
En respuesta a la solicitud de Valencia, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, propuso convocar de manera extraordinaria a la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, un organismo compuesto por figuras clave del sistema judicial, como el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el defensor nacional público, así como representantes de las policías, Gendarmería de Chile y otros representantes.
Valencia identificó tres factores principales que explican la frecuencia de estas filtraciones. El primero tiene que ver con la obligación legal de entregar una copia completa de la investigación a todos los intervinientes, es decir, a víctimas, querellantes e imputados.
El segundo factor está relacionado con los avances tecnológicos. "Hoy en día, podría ser tan fácil como reenviar un enlace por internet para que cualquiera, desde su oficina, descargue información", señaló Valencia, destacando la facilidad con la que se puede acceder y difundir contenido de carácter reservado.
Finalmente, el fiscal nacional comunicó una revisión de las prácticas internas de la Fiscalía, con el fin de evaluar y mejorar los procedimientos actuales para garantizar una mayor seguridad en el manejo de la información.
En paralelo, el diputado Raúl Soto (PPD) presentó un proyecto de ley para aumentar las sanciones y penas a funcionarios públicos o terceros que filtren información relativa a una investigación de carácter reservado.
A juicio de Soto, esta "cultura" de la filtración, "es absolutamente inaceptable (…) afecta la protección que el Estado le tiene que dar a las víctimas, afecta los derechos de las partes intervinientes, afecta el Estado de derecho y el sentido de justicia y también afecta el éxito de la investigación".
Señaló que "hoy día las sanciones son básicamente suspensión del cargo en aquellos casos en los cuales la persona sea funcionario público y multa. Y queremos aumentar estas penas a presidio menor en cualquiera de sus grados dependiendo de la gravedad del resultado o del daño que se realiza la investigación o el proceso judicial por estas filtraciones y incluso la inhabilidad para ejercer cargos públicos y la pérdida permanente de esa función".
