"En los años 2022 y 2023, un 22% de los hogares sufrió algún tipo de victimización, versus el 19 y 17% en los años 2020 y 2021". Esa es una de las cifras que consigna el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual del 2024.
En el capítulo "Derecho a la seguridad personal" del estudio, el instituto apunta a su vez que las tasas de delitos violentos contra las personas por cada 100.000 habitantes también registró un crecimiento durante estos últimos años. "Pasaron de 570 y 680 casos por cada 100.000 habitantes en 2020 y 2021, a cerca de 800 y 835 en 2022 y 2023, respectivamente", sostuvieron.
En esa línea también se indicó que las mayores prevalencias de victimización en hogares y tasas de denuncias por delitos violentos contra las personas están en las regiones de Arica, Tarapacá y Metropolitana. Eso sí, las cifras de 2022 y 2023 si bien superan los registros de 2020 y 2021, "siguen siendo menores a los niveles del año 2019, cuando se observó un 24% de victimización y una tasa de denuncias de 810 casos por cada 100.000 habitantes".
El INDH aseguró que "hechos graves de inseguridad antes considerados marginales, hoy suceden con mayor frecuencia", aludiendo a las víctimas de las denominadas "balas locas" y enfatizando que esta situación genera especial preocupación cuando los heridos son niños, niñas o adolescentes.
Consignando información de la Defensoría de la Niñez, el instituto apunta a que "ha aumentado el número de los menores de 18 años fallecidos por armas de fuego. Así, en 2019 se reportaron 27 muertes y 33 en 2020, mientras en 2021 bajaron a 29, en 2022 aumentaron a 49 y en 2023, 38 menores de edad murieron producto de impacto de balas".
Apuntando a los "narco funerales", el instituto estimó que "criminalidad interrumpe las rutinas de la vida cotidiana de las personas y sus barrios". Contabiliza entre 2019 y fines de 2023 1.733 de estos episodios, los generan cortes de calles e incluso "suspensión de clases".
Con todo, el organismo reconoce que "la inseguridad producto de la actividad delictual amenaza garantías fundamentales relacionadas con la seguridad personal como el derecho a la vida, a la integridad personal, y a la propiedad, por medio del uso y goce pacífico de los bienes, y que deben estar en el centro de las políticas de seguridad".
El instituto concluyó que "los hechos delictivos que impactan el derecho a la seguridad personal son uno de los problemas que causan mayor preocupación en la ciudadanía", los que afectan "diversas áreas de la vida cotidiana de las personas e impactan su forma de relacionarse con su entorno inmediato y con la sociedad".
El INDH llamó al Estado a protagonizar "la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad constituyen", haciendo uso del "legítimo monopolio de la fuerza y los recursos que le permitan garantizar los distintos derechos humanos relacionados con la seguridad persona".
"Es importante que se incorporen medidas inmediatas al sistema de seguridad pública para abordar las nuevas formas de criminalidad, que se caracterizan por su flexibilidad y constante complejización, y que afectan diariamente el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal", agregó.
"Situación de las personas defensoras de derechos humanos"
El INDH también recordó el caso de la reportera Francisca Sandoval, quien recibió un impacto balístico en la cabeza mientras cubría en 2022 las actividades conmemorativas del Día del Trabajo en el barrio Meiggs.
Consigna el informe anual del año 2024 del Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), que monitorea la violencia contra periodistas en Chile. El organismo registró 83 incidentes, principalmente agresiones físicas y verbales (55,4%), aunque también restricciones al acceso a la información; discursos estigmatizantes; acoso vía procesos judiciales; detenciones arbitrarias; restricciones de internet y violencia sexual.
El informe recogió los dichos del presidente del OCD, Javier García, quien sostuvo que "el Estado apenas tiene información sobre los temas de seguridad en la labor de la prensa y no cuenta con unidades especializadas en agresiones a la prensa".
Derecho a la vivienda
Sobre el derecho a la vivienda, el INDH aseguró que "Chile enfrenta una crisis habitacional y una de sus expresiones más visibles es el aumento sostenido, en los últimos veinte años, de los asentamientos precarios".
"Pese a las reiteradas recomendaciones que ha recibido el Estado chileno en relación con el reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda adecuada, y el establecimiento de mecanismos de exigibilidad o de reclamo judicial frente a la afectación de este derecho, no se observan avances en esta materia", añadió el organismo.
El estudio también destacó sobre los asentamientos informales que "se observa que la seguridad jurídica de la tenencia no se encuentra garantizada" y que a pesar de los "esfuerzos destinados por el MINVU para agilizar la radicación de estos asentamientos o su reubicación en otras viviendas, mediante el pago de subsidios, urbanización y construcción de proyectos habitacionales, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente".
El instituto también apuntó a que cerca de 800 campamentos están "en zonas de amenazas como incendios forestales o inundaciones, y un número significativo están alejados de servicios de primera necesidad, como retenes de carabineros, bomberos y establecimientos de salud primaria". Ante ello, aseguran que "si bien el Estado no tiene injerencia en la elección de los terrenos donde se localizan los campamentos, las demoras en la implementación de estrategias destinadas a asentamientos informales, no permiten que la situación mejore y se cumplan los objetivos planteados".
A su vez afirmó que "más del 50% de los hogares migrantes que actualmente viven en campamentos, es decir, cerca del 20% del total de hogares, no tienen posibilidad de acceso a dichas soluciones".
Derechos de madres privadas de libertad
La entidad destaca que las condiciones en el sistema legal y penitenciario demuestran "la ausencia de consideraciones de género y debilidades en la garantía del respeto a los derechos humanos para mujeres embarazas, y niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad".
En ese sentido, señalaron que "salvo la segregación por sexo que se realiza al interior de las unidades penales o de la existencia de una zona materno-infantil (...), el funcionamiento y el reglamento penitenciario responden a una lógica que no distingue por género y que fue diseñada cuando la prisión era casi exclusivamente masculina".
Aquello, según dice el INDH, ha producido una repercusión en esta población. Subrayaron que "la inexistencia de un marco legal que establezca que se deben preferir las medidas alternativas a la privación de libertad en mujeres embarazadas y con niños bajo su cuidado".
También afirmaron que "esta situación se ve agravada ante la falta de capacitaciones al personal de Gendarmería de Chile en temáticas relacionadas con la salud (...) y también en sensibilizar al personal penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del niño o niña y de nociones básicas sobre la atención de su salud para que pueda reaccionar correctamente en caso de necesidad y de emergencia".
