Corte revoca libertad de ciudadano paquistaní y ordena su prisión preventiva

SANTIAGO.- La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad otorgada hace una semana al ciudadano paquistaní Mohammed Saif Ur Rehman Khan, quien el 10 de mayo fue detenido en la embajada de Estados Unidos con restos de material explosivo.

El tribunal de alzada ordenó esta tarde la prisión preventiva del sujeto, tras revisar el fallo de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Carolina Araya, que fue apelado por la Fiscalía Oriente y el Ministerio del Interior el miércoles último.

El imputado por la ley de control de armas había pasado cinco días detenido cuando la jueza negó la petición del Ministerio Público de mantenerlo privado de libertad, argumentando que los antecedentes presentados por la fiscalía sobre la sustancia ilícita encontrada en su ropa, pasaporte, bolso y teléfono celular, no eran suficientes para dejarlo en prisión.

Este sábado, en cambio, la mayoría de los magistrados que integran la Octava Sala de la Corte, presidida por el ministro Lamberto Cisternas, estimó que la libertad de Saif Ur Rehman Khan constituye "un peligro para la seguridad de la sociedad" y atenta, "de alguna forma, contra el éxito de la investigación".

Según el ministro Cisternas, para la Sala quedó "establecido que con lo que se expuso en la audiencia y los antecedentes que se recabaron del sistema computacional, él portaba explosivos de alta significación, sin contar con la autorización competente ni tampoco quienes se lo hubieran proporcionado".

Un segundo punto que fue considerado, según lo explicado por el magistrado a TVN, "es que la gravedad de la pena asignada es bastante fuerte y no se proporcionó ningún elemento de arraigo social de esta persona y tampoco claridad sobre las razones de su permanencia en Chile".

De esta manera, el paquistaní de 28 años -que el martes afirmó que todo se trata de "un gran mal entendido, que es el resultado de un error de identidad"- deberá presentarse ante los tribunales durante esta jornada para retornar a la Cárcel de Alta Seguridad. Arriesga una pena que puede alcanzar hasta los tres años y un día de reclusión.