Las
excesivas penas de cárcel dictadas recientemente por la justicia cubana contra 13 personas por su participación en las protestas antigubernamentales de agosto de 2022, pusieron una vez más en la mira al régimen isleño, cuestionado duramente por su reacción ante las manifestaciones en su contra, las que han crecido en los últimos años mientras se intensifica la crisis social y económica en el país caribeño.
Los sentenciados forman parte del grupo de personas que salió a las calles el 18 y 19 de agosto de 2022 en el municipio de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, para exigir mejores condiciones de vida en momentos que la localidad sufría apagones eléctricos de hasta 18 de horas de duración.
Todos ellos recibieron condenas por parte del
Tribunal Municipal de Camagüey por delitos como sedición, propaganda enemiga de carácter continuado, sabotaje, encubrimiento, actos contra la seguridad del Estado, atentado y resistencia.
En total, las penas ascienden a los 138 años de cárcel.
He ahí donde destaca el caso de Mayelín Rodríguez Prado, quien recibió una condena de 15 años de prisión por transmitir las manifestaciones a través de su cuenta de Facebook. El tribunal consideró a esta joven como "autora de un delito intencional y consumado de propaganda enemiga de carácter continuado" y "autora de un delito intencional y consumado de sedición", según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Esta situación -ocurrida en enero de este año, pero dada a conocer recién hace unos días por agrupaciones de derechos humanos- encendió las alarmas en la Unión Europea (UE). Así lo manifestó Peter Stano, vocero del alto representante del organismo para Asuntos y Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell: "La UE expresa su preocupación por las duras y desproporcionadas sentencias de esta semana en relación con las protestas de 2022 en Nuevitas", afirmó.
Stano indicó que, "en el marco de su política de diálogo constructivo pero crítico,
la UE sigue instando a las autoridades a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Esta sentencia judicial se suma a una serie de cuestionadas decisiones tomadas por las autoridades de la isla a partir de las inéditas protestas contra el Gobierno cubano registradas el 11 de julio de 2021. De acuerdo con la organización Justicia 11J, al menos 793 personas siguen detenidas por su participación en estas manifestaciones, y cerca de 500 fueron condenadas con hasta 25 años de prisión.
A ellas se suman cientos de personas arrestadas por otros hechos, llegando a un total de 1.092 detenidos por razones políticas, según el último informe mensual de la organización Prisoners Defenders.
Persecución a periodistas
Dentro de la serie de irregularidades denunciadas por las diversas agrupaciones, se ha tomado una especial atención en la situación que viven los periodistas en Cuba tras la aprobación en 2023 de la ley de comunicaciones, la cual establece que los medios de propiedad del Estado son los únicos legales en la isla.
Esto ha aumentado la represión contra los trabajadores de los medios independientes. Así, según la ONG Artículo 19, al menos 274 periodistas y activistas fueron objeto de "agresiones" en Cuba durante el año pasado.
Entre ellas están
103 detenciones arbitrarias, 60 cortes de servicio de internet, 25 amenazas, 22 vigilancias policiales y 21 arrestos domiciliarios.
También se han registrado diversas detenciones temporales de periodistas. El último caso registrado fue el de José Luis Tan, quien estuvo preso durante cinco días por "mercenarismo e información falsa" y fue liberado con una multa de 4.000 pesos cubanos (unos 33 dólares).
Gisell Morfi, jefa del equipo legal de la agrupación de derechos humanos Cubalex, dijo a AFP que estas detenciones temporales constituyen un "mensaje disuasorio para que periodistas o activistas no sigan disintiendo", además de que crea "una atmósfera de incertidumbre, de temor, extremadamente eficaz para sofocar a la oposición".
"Trabajos forzados" en cárceles
Otro tema preocupante en Cuba es el estado en que se encuentran los detenidos en las cárceles de la isla. Así lo hizo ver este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que denunció ante la ONU que casi mil presos sufren "prácticas inhumanas de trabajo forzado o semiesclavitud" en la elaboración de carbón vegetal.
Una investigación de la ONG, con sede en Madrid, asegura que los presos se emplean en la producción de carbón vegetal de marabú contra su voluntad, "bajo formas claras de coacción/intimidación" o a falta de otras opciones para "esquivar las precarias condiciones de vida" en prisión.
El estudio habla de, al menos,
casi un millar de casos en seis provincias del país: Matanzas (oeste), Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila (centro) y Camagüey (este).
El OCDH criticó las condiciones de "ilegalidad, desprotección, inhumanidad" en las que realizan el "trabajo forzoso", aunque consideró que "dicha práctica no es novedosa en Cuba".
El organismo presentó su denuncia ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, al cual le pidió una investigación "para que se juzgue y condene a responsables y se adopten las medidas y acciones políticas-jurídicas oportunas".
"La representación cubana ha sido condenada enérgicamente en denuncias anteriores del presente mandato por promover el trabajo forzoso en distintas circunstancias de relación laboral", indicó el OCDH.
En ese sentido, señaló "la
especial impunidad que gozan sus ejecutantes al existir un régimen legal legitimador de la situación y una ausencia de autonomía en los tecnócratas de poderes-funciones del Estado-Gobierno para poner fin a la situación".
"El derecho a no ser sometido a la esclavitud y sus variantes, como el trabajo forzoso u obligatorio es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario y crea una obligación de todos los Estados con respecto a la protección de este derecho", añadió.
Según el OCDH, los responsables directos de esta situación son la Dirección General del sistema penitenciario y la Empresa de Producciones Varias (PROVARI), perteneciente al Ministerio del Interior de Cuba. La ONG apuntó también al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía General de la República.
