SANTIAGO.- Un ex gerente regional de la empresa Tesla en Estados Unidos inició acciones legales contra la compañía a la que acusa de vender conscientemente autos que presentaron defectos o sufrieron algún tipo de daño durante su proceso de producción sin informar a sus nuevos dueños de esa condición.
Se trata del ex empleado de la firma, Adam Williams, quien se desempeñó como gerente regional de Tesla en Nueva Jersey desde fines de 2011 y quien aseguró que la empresa de Elon Musk ponía en el mercado esas unidades bajo el rótulo de “autos usados” o calificados como “vehículos de demostración o prestados”.
A raíz de eso, el otrora funcionario de Tesla presentó a fines de enero pasado una demanda contra la firma en el Tribunal Superior de Jersey. Al respecto, desde la automotriz aseguraron que la demanda no tiene mérito alguno.
Un portavoz de la firma sostuvo que “la descripción del Sr. Williams de cómo Tesla vende vehículos usados o prestados es totalmente falsa, ya que no es como se hacen las cosas en la compañía”.
Desde la misma firma se recordó que Tesla ostenta con tener el primer puesto en satisfacción del cliente, superando por mucho a otras reconocidas empresas automotrices.
A su vez, se buscó desacreditar las intensiones del ex gerente regional acusador, quien -según Tesla- fue despedido por no cumplir con las metas de rendimiento que se le habían impuesto.
No obstante, en la demanda presentada ante los tribunales de justicia, Williams asegura que informó de esta irregularidad a fines de 2016 a su supervisor directo, así como también a Lenny Peake, gerente regional de la Costa Este de Tesla, y a Jerome Guillen, vicepresidente de la compañía.
Al poco tiempo de manifestar su preocupación por estas prácticas con los vehículos defectuosos, Williams fue degradado a gerente de servicio de la tienda Tesla de Springfield, Nueva Jersey. Luego nuevamente fue bajado de cargo y finalmente despedido en septiembre de 2017.
En la demanda, Williams argumenta que fue despedido por informar sobre las presuntas prácticas de violación de la ley y, por lo tanto, debería estar cubierto por la norma llamada CEPA y que busca evitar que empleadores y empresarios tomen represalias contra funcionarios que denuncien o se nieguen a participar en acciones que consideren como un acto ilegal o irregular.
