SANTIAGO.- Conocido como el escándalo más grande que ha enfrentado Volkswagen a nivel mundial, el Dieselgate también salpicó a Chile donde miles de autos se vieron afectados por la manipulación del software que adulteraba los resultados de los controles contaminantes. Bajo ese contexto es que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) decidió estampar una demanda en contra de Porsche Chile en su calidad de representantes en Chile de las marcas del grupo VW.
Si bien en Europa, Estados Unidos e incluso Australia ya se han presentado varias demandas en contra del gigante alemán, la acción judicial de la Odecu es la primera de este tipo en América Latina, según indicaron desde la organización.
“Demandar para que se cumpla la normativa es proteger a los consumidores de los problemas que enfrentan hoy, y los que enfrentarán en el futuro, cuando sus vehículos sean impedidos de circular o dejen de ser respaldados por la marca, como ha sucedido en otras jurisdicciones”, destacó el presidente de la Odecu, Stefan Larenas.
En la misma línea, Larenas agregó que “esta demanda, de alcanzar un resultado positivo, marcaría un precedente en América Latina”.
Los autos afectados en Chile
A nivel mundial Volkswagen reconoció haber manipulado alrededor de 11 millones de automóviles con el dispositivo fraudulento para burlar a los controles de emisiones. En Chile, según un reportaje de Canal 13, el número de vehículos afectados asciende a casi cinco mil.
Según cálculos del mismo canal, esos modelos en Chile estarían contaminando el equivalente a 500 mil coches bencineros, lo que significa una polución 100 veces superior.
Las últimas multas a nivel mundial
A nivel mundial, el grupo alemán ya ha enfrentado distintas condenas y multas por el Dieselgate. Por ejemplo, en octubre el fabricante Audi, perteneciente a Volkswagen, fue obligado a pagar 800 millones de euros.
"Audi aceptó la multa", indicó la empresa un comunicado, asegurando que el pago tendrá un impacto negativo en el resultado 2018.
Hasta ahora, el escándalo de emisiones ha costado al grupo más de 27.000 millones de euros en llamadas a revisión de vehículos y proceso judiciales. Esta cantidad incluye una multa de mil millones impuesta en junio por la fiscalía de Brunswick y que ya fue contabilizada en el resultado del segundo trimestre.
