Finalmente la justicia alemana rechazó la demanda que integrantes del grupo ambientalista Greenpeace interpusieron contra el grupo automotriz Volkswagen para obligarlos a dejar de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2030, un lustro antes de que comience a regir dicha prohibición ya aprobada por el Parlamento Europeo.
Según el fallo emanado del tribunal de Brunswick (Baja Sajonia), Volkswagen "respeta la normativa aplicable", indicando que las obligaciones de las empresas no pueden ser superiores a las que establece la ley.
Los demandantes, dos miembros de Greenpeace Alemania y la activista del clima Clara Meyer también querían obligar al segundo mayor fabricante mundial de automóviles a reducir en un 65% sus emisiones para 2030 en comparación con lo registrado en 2018.
La demanda de Greenpeace se había basado en el veredicto del tribunal constitucional alemán en abril de 2021 que consideró insuficientes los planes del gobierno para reducir las emisiones de CO2.
Posteriormente, el gobierno de la ex canciller Angela Merkel tuvo que avanzar a 2045 su objetivo de neutralidad de carbono, frente a 2050 inicialmente, y elevar el objetivo de reducción de emisiones hasta 2030.
Greenpeace sostuvo que la misma obligación pesa sobre las empresas privadas, pero el tribunal sostuvo que "las obligaciones de una empresa privada no van más allá del deber de protección del Estado que se deriva directamente de los derechos fundamentales".
El primer fabricante europeo de automóviles acogió con satisfacción la decisión, que reitera la jurisprudencia en la materia.
"El enjuiciamiento de empresas específicas por motivos climáticos no es la forma correcta de proceder y carece de fundamento jurídico", declaró Volkswagen en un comunicado.
Según los objetivos formulados el año pasado, el grupo afirmaba querer vender 50% de vehículos eléctricos de aquí a 2030 y "casi el 100%" en 2040 en sus principales mercados.
"No hemos dicho nuestra última palabra", declaró Roland Hipp, responsable de Greenpeace, en un comunicado, indicando que la organización preveía "otros recursos jurídicos".
