El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, propuso esta semana una nueva normativa que prohibiría la venta o importación de vehículos nuevos que incorporen tecnologías avanzadas de conectividad desarrolladas en países como China y Rusia, una medida que podría representar un duro golpe para marcas icónicas como Lincoln y Buick, cuyos modelos más vendidos se fabrican precisamente en el gigante asiático.
Según la administración Biden, estos vehículos con tecnologías avanzadas representan un potencial riesgo para la seguridad nacional, ya que, gracias a sus sensores y cámaras, no solo pueden recoger datos confidenciales de conductores y pasajeros, sino también registrar “información detallada sobre la infraestructura estadounidense”, y podrían ser hackeados de forma remota.
En vista de este riesgo, indica una nota de Carscoops.com, la propuesta se enfoca en los sistemas de vehículos conectados diseñados, desarrollados, fabricados o suministrados por entidades con un “vínculo” reconocido con China o Rusia. También abarca la conectividad (que incluye Bluetooth, telefonía celular, satélite y wifi) y los sistemas de conducción automatizada.
El problema, agrega el reporte, es que estas restricciones podrían incluso afectar a marcas locales como Lincoln y Buick, ya que parte de su producción está radicada en China. Por ejemplo, el Lincoln Nautilus, el vehículo más vendido de la marca en Estados Unidos, se ensambla íntegramente en el gigante asiático, al igual que el Buick Envision.
Estos modelos quedarían así fuera de los concesionarios si se aprueba la normativa, tal como lo indicó a Reuters el jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Departamento de Comercio, quien señaló que “cualquier vehículo que se fabrique en China y se venda en Estados Unidos caería dentro de las prohibiciones".
No obstante, dado que se trata solo de un proyecto de ley, se estima que su redacción podría incluir excepciones a favor de las marcas locales.
En ese contexto, la Casa Blanca adelantó que estos controles están destinados principalmente a los "pequeños productores de vehículos" extranjeros, y que, en esa línea, podrían concederse de forma "excepcional" algunas salvaguardias a los fabricantes locales para "minimizar las perturbaciones imprevistas e innecesarias en la industria".
