El "Torreón" lucha ahora fuera de la cancha.
SANTIAGO.- El millonario pago que la ANFP obliga a realizar a Deportes Valdivia para hacer efectivo su ascenso a la Primera B comienza a traspasar el fútbol.
Resulta que el elenco del Calle Calle ha armado una campaña incluso con influencias políticas con el fin de dejar sin efecto o rebajar la cancelación de los mil 200 millones que le exige el ente rector del fútbol chileno para participar en la segunda serie más importante del balompié nacional.
Y entre las "movidas" de la regencia del conjunto de la Región de los Ríos está la de llevar el caso al ministerio de Justicia, ente que se involucrará en el tema, tal como en 2015 cuando declaró ilegal el pago de sueldos al directorio de la ANFP, ordenando la restitución de dicho dinero.
Según publica El Mercurio, ahora el "Caso Valdivia" será sometido al análisis del organismo gubernamental que, por ley, tiene la tuición sobre los actos y normas de las corporaciones sin fines de lucro, como lo es la ANFP.
Por lo mismo, el ministerio ofició ayer a la sede de Quilín solicitando las actas del Consejo de Presidentes que, en diciembre de 2011, determinó que el club que pretenda jugar en Primera B -como ocurre hoy con Deportes Valdivia- esté obligado a pagar al contado las 50 mil UF establecidas como cuota de incorporación.
Según el acuerdo unánime del Consejo de Presidentes que sesionó bajo la administración de Sergio Jadue, la mitad de los $1.200 millones correspondientes a dicha cuota se reparte entre los 32 clubes.
Tras reunirse ayer con hinchas, autoridades y parlamentarios de la zona, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, ordenó el envío del oficio a la ANFP. "Solicitamos información sobre este acuerdo que se habría firmado en 2011 y que fija una cuota de $1.200 millones a clubes como Valdivia por pasar del fútbol amateur al profesional. Vamos a analizar si bajo la dirección de Sergio Jadue se han cumplido las formalidades y hemos dado 48 horas a la ANFP para que nos envíe esos documentos", dijo.
Blanco agregó que, por el mismo tema, pedirá la opinión de la Fiscalía Nacional Económica y del Servicio de Impuestos Internos (SII). "Ya ha habido pagos previos por otras cuotas de corporación (Iberia y Puerto Montt) y vamos a oficiar para que nos digan si se han cumplido requisitos o si hay pagos tributarios pendientes. También porque puede tratarse de una posición monopólica al poner una barrera de entrada como esa. Además se debe revisar el destino de esos recursos: hay $600 millones que se ingresaron como cuotas de incorporación y (se han hecho) préstamos. Las corporaciones sin fines de lucro solo pueden destinar recursos para ciertos fines de su objeto", cerró la ministra.
