Hace aproximadamente una década, Sergio Jadue presentaba uno de sus grandes proyectos: la Segunda División Profesional. La idea era armar una liga que les diera tiraje a los jóvenes y que sirviera como trampolín. Sin embargo, esa ilusionante promesa se desvaneció en el aire. La pandemia, al igual que el estallido social, puso en evidencia las penurias que viven los clubes de la categoría.
Linares, por ejemplo, ha hecho noticia por sus problemas. Su técnico, el uruguayo Rodolfo Neme, renunció por sueldos impagos y los jugadores no reciben nada desde marzo. Varios consiguieron trabajo con un auspiciador del equipo repartiendo gas.
La situación es crítica y buscando dar una solución definitiva a sus problemas los doce clubes de la división hicieron llegar al directorio de la ANFP una propuesta económica de largo plazo.
"Creemos que cumplir una década sin lograr soluciones a los problemas es un récord muy lamentable; habla de negligencia y una discriminación arbitraria por parte del ente rector y del Consejo de Presidentes como asamblea soberana del fútbol profesional, del cual no formamos parte", se lee en el texto enviado al directorio.
En qué consiste la propuesta
En el documento se pide que cada equipo reciba aportes del dinero que produce el Canal del Fútbol. Pese a que esta categoría no es televisada por esa estación, los dirigentes argumentan que existe jurisprudencia que demuestra que por el solo de pertenecer a la asociación tienen derecho a cobrar.
"Concepción cuando estaba en Primera B recibía dineros del Canal del Fútbol y no nos transmitían ni un partido. En la parte inicial del CDF, se transmitía solo algunos de la Primera División. Hace poco se están transmitiendo los de la B. Nosotros no votamos, entonces debería llamabarse Canal de Primera A y de Primera B, porque no es de todo el fútbol", le dice a Emol el presidente del "León de Collao", Víctor Tornería.
Entre viajes, sueldos, hoteles y gastos de formación, cada club gasta en promedio 23 millones de pesos al mes. La idea es que ahora desde Quilín aporten un monto y que gradualmente logre cubrir el 100% de los llamados costos operacionales en el 2027.
"La categoría recibiría de la ANFP un aporte anual que partiría en aproximadamente 1 millón de dólares para el año 2020, aumentando hasta 6,6 millones en 2027", precisan.
Parece mucho, pero aclaran que no es así. Apenas alcanzaría un 2,0% del total a repartir en las tres categorías del profesionalismo en Chile.
"En primera instancia estamos diciendo que con lo que recibe un equipo de la Primera B nos sirve para funcionar. Ojalá en el mediano plazo poder llegar a lo que recibe un equipo de la A para repartir entre toda la categoría", explica Tornería.
En el documento presentado por los doce equipos también se solicita ayuda para costear los exámenes de coronavirus que están en el protocolo sanitario diseñado por la ANFP. Sin embargo, eso genera una duda. Hasta ahora solo se ha anunciado el retorno de las competencias de la A y la B para fines de julio.
Otras exigencias
Concepción, como todos los clubes que suben desde Tercera, tuvo que pagar una cuota de ingreso. Fueron 35 millones de pesos. Quieren que ese pago se elimine, así como también el monto que recibe el equipo que baja de Primera B a Segunda.
Pese a las exigencias que tienen que cumplir, los clubes no tienen ni voz ni voto. Ni siquiera tienen participación directa en la formulación de las bases del campeonato o en las decisiones que atañen a la categoría.
"Ahora con las elecciones a la presidencia de la ANFP todos los candidatos hablan de quien era más o menos amigo de Jadue. No hay palabras para nosotros. Hemos estado todo el año tratando de conversar con ellos. Hasta el momento solo hemos recibido excusas, no hemos tenido una respuesta oficial al hacer consultas o de tener la gentileza de que nos digan que en el próximo Consejo de Presidentes nos vamos a tomar el tiempo para discutir lo que está pasando con ustedes”, declaraTornería.
En caso de que esto se mantenga, ya saben cómo actuarán y lo harán en conjunto: "Esperamos que la propuesta sea bien acogida y, quien corresponda, del directorio o Consejo de Presidentes nos atienda a la brevedad posible, para, en definitiva, otorgarnos nuestros derechos como miembros, o bien, las instituciones nos veremos en la obligación de evaluar acciones legales que el ordenamiento jurídico dispone para la defensa de nuestros derechos".
