La fatalidad ocurrió el sábado por la noche después de que miles de aficionados del equipo local, Arema, irrumpieran en el campo del estadio Kanjuruhan de la ciudad de Malang, en la provincia de Java Oriental, tras una derrota 2-3 ante su rival Persebaya Surabaya y chocaran con las fuerzas de seguridad.
La policía respondió con violencia y disparó bombas de gas lacrimógeno contra la multitud, lo que provocó la huida en masa de los espectadores hacia las puertas del recinto deportivo, muchas de las cuales estaban bloqueadas.
La brutalidad y actuación de los agentes ha desatado una ola de críticas por parte de testigos, supervivientes y la comunidad internacional, que ha presionado a las autoridades a conducir una investigación independiente, rápida y transparente sobre los sucesos.
Hasta este miércoles, al menos 131 personas han muerto a causa de la tragedia, entre ellas más de 30 niños y dos policías, mientras que 467 resultaron heridas, de las cuales una treintena ha sufrido lesiones moderadas y otras 29 se encuentran en estado de gravedad, según las cifras más recientes divulgadas por las autoridades.
El presidente del país, Joko Widodo, anunció el domingo una extensa investigación sobre los hechos y de momento cerca de una treintena de personas están bajo escrutinio.
El punto más importante a ser aclarado se refiere al uso de gas lacrimógeno por la policía, que está prohibido en el interior de estadios por las normativas de la FIFA debido a su potencial peligro.
En ese marco, la Comisión de la Policía Nacional de Indonesia (Kompolnas), vinculada al Gobierno y responsable de monitorear las fuerzas policiales, indicó que, según las pesquisas preliminares, "no hubo instrucciones" del jefe de Policía de Malang para dispersar a la multitud con "medidas excesivas".
"Eso quiere decir que en el campo hubo (agentes) quienes no cumplieron las instrucciones", explicó el comisario de Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto.
Sin embargo, las autoridades aún no se han pronunciado sobre las razones por las que los agentes portaban los botes de gas.
Otro punto que debe ser aclarado es la supuesta venta de unas 4.000 entradas más allá del aforo permitido por el centro deportivo.
Mientras que testigos y supervivientes denuncian la brutalidad policial, poco a poco salen a la luz los detalles de una secuencia de errores que crearon la tormenta perfecta para el fatal desenlace, entre ellos los de gestión, planificación, preparación y logística.
Hasta el momento, diez agentes han sido cesados temporalmente de sus cargos, entre ellos el jefe de la Policía de Malang, Ferli Hidayat, mientras que se investiga a otra veintena de policías.
Asimismo, la Asociación de Fútbol de Indonesia suspendió de por vida a un directivo y al responsable de seguridad de Arema, encargados de la logística y seguridad en el estadio, al considerar que ignoraron informaciones esenciales para la celebración del partido y fallaron en la protección del local.
La Kompolnas apuntó que los representantes del club sabían de la feroz rivalidad entre los dos clubes y que el partido "tenía potencial de conflicto y debía ser vigilado" gracias a un informe previo de la Inteligencia local.
Tanto es así que los jugadores del Persebaya Surabaya llegaron y marcharon en vehículos blindados al centro deportivo y a su hinchada no se le permitió acudir al estadio.
Asimismo, las autoridades habían solicitado que la cita se moviera a horario de tarde y no de noche, pero "aparentemente" la petición "no fue respondida de forma positiva" por los representantes del club.
Los días siguientes a la tragedia estuvieron marcados por la confusión y discrepancia de los datos divulgados por las autoridades, que llegaron a reportar 174 decesos, pero revisaron la cifra a la baja horas después.
Las diferentes entidades al frente de las diligencias también han divergido sobre algunos detalles del caso, como el hecho de que las puertas estarían cerradas en el momento de la estampida, lo que pudo haber influido en la escalada del pánico y aumentado las víctimas mortales.