"Nos preocupa y cuando no están las garantías, no se puede jugar.
Hay incumplimientos graves del club organizador. Estos peligrosos incidentes también ocurrieron en la Supercopa del año pasado (...)
El organizador fue totalmente sobrepasado".
Así, con esas palabras,
la Jefa de Estadio Seguro Pamela Venegas disparaba tras el clásico suspendido entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica.
La U hizo de local en el Ester Roa de Concepción con solo público azul en un partido que apenas se pudo jugar por cerca de treinta minutos.
El principal apuntado es el cuadro laico, organizador del evento y actor fundamental que tiene que velar por la seguridad del espectáculo. Pero, ¿cuáles son las medidas o exigencias que incumplieron?
Se habla de
ingreso de elementos no permitidos, problemas serios en el control de acceso e identidad -ingresaron personas con prohibición de entrar a estadios-, problemas de operatividad de guardias y barristas obstaculizando las vías de evacuación a Carabineros como las infracciones más graves.
Desde la U, eso sí, insisten que ellos sí cumplieron con lo pedido. Hicieron sus descargos.
"La U cumplió con todos los requerimientos: metraje y cantidad de rejas, aforo, número de guardias... Al margen de eso, estamos esperando el informe de la empresa de seguridad. Si hubo fallas en la operación no fue por falta de implementación del club. El sábado Carabineros recorrió el estadio para confirmar que estuviera lo pedido; el domingo, temprano, el delegado subrogante Humberto Toro hizo lo propio. Si estaba todo mal, debió ordenar que no se jugara".
Lo que viene ahora es que Carabineros entregue un reporte a Estadio Seguro. Ese texto pasará luego a la Delegación presidencial y se abrirá un proceso. Por otro lado, el Tribunal de Disciplina de la ANFP deberá fallar conforme lo que diga el informe del juez Francisco Gilabert.
Toda esa información terminará por determinar las responsabilidades. La U, el principal apuntado. ¿La multa económica? Podría ascender a 315 millones de pesos.